Alrededor de sesenta personas pendientes de una cama hospitalaria en las Urgencias del Hospital Insular no son una “tensión” que pueda resolverse cambiando el nombre. Son sesenta historias de enfermedad detenidas en un espacio pensado para estabilizar y trasladar, no para pasar horas o días. La denuncia realizada por SATSE a finales de octubre mostró una realidad que los profesionales conocen y que demasiadas veces reaparece cuando aumenta la presión asistencial.
La situación mejoró después, pero el propio sindicato pidió prudencia: recuperar temporalmente la normalidad no demuestra que el sistema haya ganado capacidad estructural. Con la temporada de gripe, covid y otros virus respiratorios por delante, la pregunta no es si puede producirse otro pico, sino qué recursos estarán preparados antes de que ocurra. Un plan de contingencia que se activa cuando los pasillos ya están llenos llega tarde.
El Gobierno de Canarias sostiene que ha reforzado plantillas, ampliado infraestructuras y revisado los protocolos de los hospitales capitalinos. Entre las medidas anunciadas figuran hospitalización a domicilio, profesionales de guardia, ampliación de observación y una unidad de corta estancia. Son pasos necesarios. La fiscalización debe centrarse ahora en fechas, personal efectivamente incorporado, camas operativas y reducción comprobable de tiempos.
Urgencias es el lugar donde se hace visible un atasco producido en todo el sistema. Atención Primaria sin citas próximas, pacientes crónicos descompensados, falta de plazas sociosanitarias y altas que no encuentran apoyo fuera del hospital ocupan diferentes partes del mismo problema. Añadir camas sin mejorar el flujo puede ofrecer alivio, pero volverá a quedarse corto si la demanda continúa creciendo y envejeciendo.
La dignidad del paciente tampoco puede considerarse un aspecto secundario. En un pasillo resulta difícil descansar, recibir información reservada, estar acompañado o mantener las condiciones adecuadas de higiene y seguridad. No es suficiente que la atención clínica continúe gracias al esfuerzo de los profesionales. El lugar y las condiciones en las que se presta también forman parte del derecho a la salud.
Quienes trabajan en el Insular han sostenido episodios sucesivos de presión con una profesionalidad que merece reconocimiento, pero no puede utilizarse como colchón permanente. La sobrecarga deteriora la salud laboral, provoca bajas, aumenta la rotación y reduce el tiempo disponible para cada paciente. Un sistema que agota a sus profesionales termina perdiendo capacidad precisamente cuando más la necesita.
Canarias contará en 2027 con un presupuesto sanitario superior a cinco mil millones de euros. La cifra debe traducirse en compromisos verificables: menos pacientes bloqueados, mayor capacidad de resolución en Primaria, recursos sociosanitarios, plantillas estables y circuitos insulares coordinados. Un presupuesto récord no puede convivir con pasillos convertidos repetidamente en habitaciones improvisadas sin ofrecer una explicación convincente.
La sanidad pública se defiende diciendo la verdad completa: existen profesionales excelentes y actuaciones en marcha, pero también un problema estructural que no admite eufemismos. El Hospital Insular no necesita otra promesa pronunciada después de la saturación. Necesita que la próxima crisis estacional encuentre camas, equipos y alternativas preparados antes de que llegue el primer paciente.
Vidal Bolaños, escritor y comunicador
