El documento sobre los cargos de NCBC sitúa a Román Rodríguez con un contrato de gerente de 60.000 euros brutos anuales y a Dunia Esther González Vega con otro de 50.000; mientras tanto, la militancia reclama explicaciones sobre el poder interno y la estrategia electoral que defiende Pedro Quevedo.
¿Cómo puede una organización política hablar de renovación, participación y futuro mientras mantiene abiertas preguntas sobre su estructura de poder, la contratación de sus responsables y la orientación de su estrategia electoral? ¿Quién decide realmente en Nueva Canarias-Bloque Canarista (NCBC)? ¿Y cómo se explica un eventual acercamiento a Podemos después de las críticas que, según las declaraciones que se atribuyen a sus dirigentes, se habían dirigido contra esa formación y algunos de sus principales referentes?
Son preguntas incómodas, pero legítimas. Y cobran una nueva dimensión tras conocerse el contenido de un documento sobre cargos y contratos vinculados a Nueva Canarias que recoge retribuciones brutas anuales de 60.000 y 50.000 euros para dos puestos de gerencia de la organización.
El debate ya no puede limitarse a quién encabezará la Asamblea Local de Las Palmas de Gran Canaria. También afecta al funcionamiento interno del partido, a la transparencia de sus recursos y a la coherencia de quienes pretenden decidir su futuro electoral.
La dirección tiene la oportunidad de ofrecer explicaciones a la militancia con documentos, fechas, criterios de contratación y respuestas políticas concretas.
60.000 euros anuales para Román Rodríguez: ¿qué funciones, qué responsabilidades y qué financiación?
El documento analizado identifica a Román Rodríguez, expresidente del Gobierno de Canarias, como titular de un contrato de NCBC para ejercer como gerente de la gestión orgánica y coordinación política.
En la ficha aparecen como fecha de inicio el 15 de agosto de 2023 y como fecha de finalización el 30 de abril de 2025. La retribución indicada es de 60.000 euros brutos anuales.
El mismo documento recoge para Dunia Esther González Vega, exalcaldesa de Santa Lucía de Tirajana y exdirectora general del Tesoro del Gobierno de Canarias durante la legislatura en la que Román Rodríguez fue vicepresidente y consejero de Hacienda del Ejecutivo regional, y esposa de Luis Campos, actual Secretario General de Nueva Canarias, un contrato como gerente de la gestión administrativa y presupuestaria, con inicio el 1 de agosto de 2023 y una retribución bruta anual de 50.000 euros, sin que en la ficha transcrita figure una fecha de finalización.
Las cifras plantean una cuestión que merece una respuesta documentada: ¿qué tareas concretas justificaban ambos puestos, qué objetivos tenían asignados y qué mecanismos de evaluación se aplicaban?
En el caso de Rodríguez, la pregunta resulta especialmente relevante por su larga trayectoria institucional. Fue presidente del Gobierno de Canarias entre 1999 y 2003, diputado autonómico y estatal, vicepresidente del Gobierno regional y responsable de Hacienda durante la legislatura 2019-2023, según el historial que figura en el documento.
Su experiencia política es conocida. Precisamente por ello, la cuestión no consiste en negar su trayectoria ni en presumir que carecía de capacidad profesional. Consiste en conocer qué responsabilidad asumió bajo el contrato, qué trabajo realizó y cómo se justificó la remuneración consignada.
¿Qué funciones desempeñaba exactamente un expresidente del Gobierno de Canarias contratado por el partido como gerente de la gestión orgánica y coordinación política? ¿Qué resultados debía ofrecer? ¿Quién supervisaba su trabajo?
Y hay otra cuestión imprescindible: ¿cuál era la fuente de financiación de estos contratos y qué documentación permite comprobar las cantidades efectivamente abonadas?
El documento recoge salarios brutos anuales, pero no basta por sí solo para establecer el importe total percibido durante cada contrato, las cantidades efectivamente pagadas ni el origen de los fondos. Para responder a esas preguntas hacen falta los contratos completos, las nóminas o justificantes pertinentes y la documentación económica de la organización.
No se trata de insinuar una ilegalidad. Se trata de reclamar el mismo nivel de transparencia que cualquier organización política debería estar dispuesta a ofrecer cuando se pregunta por sus recursos y por las funciones de sus responsables.
Dos contratos de gerencia y una pregunta sobre las prioridades del partido
La ficha de Dunia Esther González Vega recoge una retribución bruta anual de 50.000 euros por el puesto de gerente de la gestión administrativa y presupuestaria, con fecha de inicio el 1 de agosto de 2023.
La información disponible permite plantear preguntas sobre el alcance del puesto, su duración y sus responsabilidades, pero no permite concluir que el contrato fuera irregular ni determinar cuánto se abonó efectivamente.
La dirección debería aclarar si ambos puestos contaban con objetivos definidos, qué órganos aprobaron las contrataciones, qué controles internos se aplicaron y qué información económica está disponible para la militancia.
La transparencia no debería depender de que una contratación genere polémica. Debería formar parte del funcionamiento ordinario de una organización política.
Porque cuando un partido reclama confianza a sus afiliados, también debe explicar cómo organiza sus recursos, cómo distribuye sus responsabilidades y cómo rinde cuentas de las decisiones adoptadas.
Pedro Quevedo y la renovación: ¿un debate democrático o la continuidad del liderazgo?
La polémica sobre los contratos se suma a las denuncias de afiliados acerca del proceso de renovación de la Asamblea Local de Nueva Canarias en Las Palmas de Gran Canaria.
Las informaciones publicadas por Atlántico Hoy y Onda Guanche el 2 de julio de 2026 recogieron acusaciones del colectivo denunciante sobre presuntas presiones internas, dificultades para articular una candidatura alternativa y falta de transparencia.
Entre las cuestiones planteadas figuraba la denuncia de que una negociación entre las candidaturas de Pedro Quevedo y Esther González habría estado condicionada por la exigencia de vetar a una afiliada. Se trata de una acusación atribuida al colectivo denunciante, no de un hecho que deba darse por probado sin contrastar las versiones de las personas aludidas.
La pregunta política sigue en pie: ¿qué garantías existen para que todas las candidaturas puedan competir en igualdad de condiciones?
Quevedo tiene derecho a presentar su candidatura y defender su continuidad. Sus críticos tienen exactamente el mismo derecho a promover una alternativa, cuestionar su estrategia y reclamar cambios.
Lo que no debería ocurrir es que la renovación se convierta en un procedimiento formal mientras las decisiones fundamentales permanecen concentradas en los mismos dirigentes.
La dirección debe explicar qué reglas se aplican, cómo se resuelven los conflictos internos y qué mecanismos protegen la libertad de participación de los afiliados.
También corresponde a Román Rodríguez, Carmelo Ramírez y Luis Campos responder, en el ámbito de sus respectivas responsabilidades, a las cuestiones que les afecten. Las denuncias no constituyen una prueba automática de responsabilidad, pero tampoco deberían quedar sin una respuesta verificable.
De las críticas a Podemos a un posible entendimiento: ¿qué ha cambiado?
El otro gran interrogante afecta a la estrategia electoral de Nueva Canarias y al papel que podría desempeñar Podemos en el futuro del proyecto municipal.
En el debate político se han atribuido a Pedro Quevedo críticas a la estrategia de Podemos y a la capacidad de Gabriel Rufián para construir una política basada en propuestas, frente a lo que el dirigente habría considerado un exceso de declaraciones ingeniosas o chascarrillos. También se han señalado críticas a Pablo Iglesias y objeciones a determinadas estrategias de la izquierda estatal.
Si la posición de Quevedo respecto a Podemos ha cambiado, ¿qué ha cambiado exactamente: el diagnóstico sobre esa formación, las circunstancias electorales o las prioridades de Nueva Canarias?
Si hasta hace poco se defendía una posición crítica con Podemos, con Pablo Iglesias o con la estrategia política de Gabriel Rufián, la militancia tiene derecho a conocer qué razones justificarían ahora una aproximación.
No sería la primera vez que un partido modifica sus alianzas. La política exige adaptarse a circunstancias nuevas y los acuerdos entre formaciones no son contradictorios por definición. Pero un cambio de posición de esta naturaleza requiere argumentos, transparencia y un procedimiento democrático.
Lo que no resulta suficiente es mantener un discurso crítico ante la militancia y, llegado el momento electoral, defender una estrategia diferente sin explicar las razones del cambio.
Noemí Santana, cero votos y la candidatura municipal: una cuestión de contexto y coherencia
El nombre de Noemí Santana añade otra dimensión al debate. Su eventual papel en una candidatura o en una estrategia de confluencia debe distinguirse de cualquier acuerdo formal que no haya sido confirmado.
Si, como se ha señalado en el debate político, se utilizó el dato de que Santana había obtenido cero votos en una determinada votación para cuestionar sus posibilidades, es necesario precisar a qué votación se hacía referencia, cuándo tuvo lugar y qué significado político tenía ese resultado.
Un resultado concreto no demuestra por sí solo la falta de apoyo electoral de una persona en unas elecciones municipales ni permite anticipar el resultado de una futura candidatura.
Pero sí abre una pregunta sobre la coherencia de los argumentos utilizados: ¿con qué criterios se evalúa ahora la posibilidad de que Santana tenga un papel relevante en una eventual alianza con Podemos?
Si su respaldo interno, su capacidad electoral o su proyecto político se consideraban insuficientes, ¿qué circunstancias nuevas justificarían una valoración distinta? Y si aquellas críticas respondían a un contexto concreto, ¿está dispuesta la dirección a explicarlo?
La militancia no necesita que sus dirigentes mantengan posiciones inamovibles. Necesita saber por qué las cambian.
¿Qué papel tendría Unidad del Pueblo Canario en una eventual alianza?
La referencia a Unidad del Pueblo Canario y su posible relación con Podemos añade una cuestión que exige precisión.
Antes de presentar una confluencia como un acuerdo cerrado, es necesario acreditar qué organizaciones participan, qué conversaciones existen, quién las ha autorizado y qué decisiones se han adoptado formalmente.
Si se está valorando una fórmula electoral que incluya a Podemos u otras fuerzas, la dirección de Nueva Canarias debe explicar su alcance y su encaje con los principios nacionalistas que defiende.
¿Se trataría de un acuerdo programático, de una candidatura conjunta, de una coordinación electoral o de una fórmula de cooperación limitada a determinados ámbitos?
No son opciones equivalentes. Cada una implica compromisos distintos y consecuencias diferentes para la identidad, la autonomía y la representación política de Nueva Canarias.
Por eso la pregunta no debe formularse como si el pacto estuviera demostrado, sino como una exigencia de transparencia: ¿qué conversaciones hay realmente sobre la mesa y qué órgano de Nueva Canarias tiene la competencia para decidir sobre ellas?
La contradicción de fondo: autonomía política para negociar y democracia interna para decidir
El debate sobre Podemos no puede convertirse en una cortina de humo que impida examinar el funcionamiento interno de Nueva Canarias. Tampoco las preguntas sobre los contratos deben utilizarse para desacreditar automáticamente a las personas que aparecen en el documento.
Son cuestiones distintas, pero relacionadas por una misma exigencia: rendición de cuentas.
Un partido que reivindica su autonomía política debe explicar cómo la ejerce. Una organización que reclama participación debe demostrar que la garantiza. Y una dirección que defiende una determinada estrategia electoral debe justificar sus decisiones ante los afiliados.
La renovación no consiste únicamente en cambiar nombres. Exige procedimientos claros, reglas conocidas y la posibilidad real de que una candidatura alternativa pueda competir sin presiones ni obstáculos indebidos.
Del mismo modo, la transparencia económica no consiste en publicar una cifra aislada. Requiere información suficiente para comprender qué se contrató, qué se pagó, de dónde procedían los recursos y qué responsabilidades correspondían a cada puesto.
La confianza no se recupera mediante consignas. Se recupera contestando preguntas.
Las siete preguntas que Nueva Canarias debe responder
Los afiliados y la ciudadanía merecen respuestas concretas a estas cuestiones:
- Sobre el contrato de Román Rodríguez: ¿se confirma el contrato de gerente de gestión orgánica y coordinación política entre el 15 de agosto de 2023 y el 30 de abril de 2025, con una retribución bruta anual consignada de 000 euros? ¿Qué funciones y objetivos incluía?
- Sobre la contratación y los pagos: ¿qué órgano aprobó los contratos de gerencia, qué mecanismos de supervisión se aplicaron y qué documentación permite conocer las cantidades efectivamente abonadas y su fuente de financiación?
- Sobre Dunia Esther González Vega: ¿cuál es la duración efectiva de su contrato, qué responsabilidades desempeña y qué información puede facilitarse sobre su ejecución?
- Sobre la renovación local: ¿qué garantías existen para que las candidaturas puedan competir en igualdad de condiciones y cómo responde la dirección a las denuncias de presiones internas?
- Sobre Podemos y Noemí Santana: ¿hay conversaciones formales o propuestas de alianza? ¿Qué papel se contempla para Santana y qué cambios políticos justificarían una eventual aproximación?
- Sobre Gabriel Rufián, Pablo Iglesias y las fuerzas de izquierda: ¿qué criterios utiliza Nueva Canarias para decidir con quién puede alcanzar acuerdos y qué diferencias políticas considera insalvables?
- Sobre el futuro del nacionalismo canario: ¿quién decide la estrategia electoral, mediante qué procedimiento y con qué garantías de participación de la militancia?
No son preguntas que equivalgan a una acusación. Son cuestiones políticas y documentales que pueden responderse con contratos, acuerdos orgánicos, actas, explicaciones públicas y documentación económica pertinente.
El futuro de Nueva Canarias no puede decidirse a puerta cerrada
Nueva Canarias afronta una discusión que va más allá de un nombre, una candidatura o una posible alianza electoral. Está en juego la credibilidad de su funcionamiento interno y su capacidad para explicar a sus afiliados qué modelo de organización quiere ser.
A Román Rodríguez se le atribuye un contrato como gerente de gestión orgánica y coordinación política de Nueva Canarias, vigente del 15 de agosto de 2023 al 30 de abril de 2025, con una retribución bruta anual consignada de 60.000 euros. A ello se suma una declaración patrimonial que refleja la titularidad del 50 % de tres viviendas urbanas en Las Palmas —con fechas de adquisición de 1 de marzo de 1986, 27 de octubre de 1992 y 29 de noviembre de 2004— y del 50 % de dos garajes adquiridos el 26 de marzo de 1996; en todos los casos figura como título de adquisición la compra de carácter ganancial. También declara ingresos anuales de 3.960 euros por el alquiler de dos viviendas (participación del 50 %) y de 300 euros por un garaje (participación del 50 %), además de un saldo en depósitos de 51.426,90 euros y una cantidad pagada por IRPF de 21.342,50 euros. Estas cifras proceden de su declaración patrimonial y fiscal y permite describir una posición económica que merece ser puesta sobre la mesa cuando se examina la trayectoria de un dirigente que ha ocupado durante décadas responsabilidades públicas de primer nivel.
Es ahí donde cobra fuerza la crítica política. Para sus detractores, la combinación de una larga carrera institucional, propiedades inmobiliarias, ingresos por alquiler y un contrato remunerado por la propia organización que ha liderado simboliza aquello que suele denunciarse como «la casta»: una élite política profesionalizada, con recursos y posiciones consolidadas, alejada de las dificultades cotidianas de buena parte de la ciudadanía. La comparación con las críticas que Podemos y otros sectores de la izquierda han dirigido históricamente a los privilegios de la clase política resulta inevitable como argumento de opinión. Además, en julio de 2023 el propio Rodríguez criticó públicamente al nuevo Gobierno canario por aumentar el número de altos cargos y por adoptar medidas fiscales que, a su juicio, beneficiaban a las personas con grandes patrimonios; ese posicionamiento hace pertinente preguntarle qué criterios de austeridad, transparencia y ejemplaridad aplica a la organización que dirigió. El interrogante es si Rodríguez y su partido han explicado con suficiente transparencia las funciones concretas del contrato, los resultados exigidos, quién lo aprobó y supervisó, cuánto se abonó efectivamente y de qué fondos salió el dinero. Si se reivindican la igualdad, la rendición de cuentas y la renovación política, la exigencia de explicaciones debe aplicarse también a quienes han ocupado el poder durante años.
El caso de Inés Miranda añade una dimensión institucional especialmente grave a estas preguntas. Miranda, que actualmente forma parte de Nueva Canarias como consejera del partido y que ha ejercido como consejera de Política Territorial y Paisaje del Cabildo de Gran Canaria, figura entre las siete personas investigadas en la causa sobre las Jornadas del Paisaje celebradas entre 2016 y 2019. Según la información publicada por Canarias7 el 16 de octubre de 2026, la Fiscalía Anticorrupción solicita cinco años de prisión para los investigados. La investigación judicial examina presuntas irregularidades en la contratación de esos eventos: entre otros extremos, la posible fragmentación de encargos en contratos menores, adjudicaciones a personas o empresas previamente seleccionadas y el destino de fondos procedentes de patrocinios. En la información sobre el auto judicial se recogen indicios de posibles delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y fraude a la Administración; el perjuicio señalado para las arcas insulares sería de al menos 11.000 euros. La causa también alcanza a otros cargos y profesionales, y parte de los pagos analizados habría acabado en una empresa administrada por la esposa del entonces interventor general del Cabildo. No se trata de una condena: la petición de pena corresponde a la acusación y la responsabilidad penal deberá determinarse en sede judicial. Pero políticamente el asunto exige explicaciones inmediatas. ¿Qué papel desempeñó Miranda en los expedientes de contratación, qué controles ejerció desde el área competente y qué responsabilidad asume hoy ante la ciudadanía y ante su propio partido? Que una dirigente que sigue vinculada a Nueva Canarias aparezca en una causa de esta naturaleza no permite dar por probados los delitos, pero sí hace
insostenible que la organización se limite a guardar silencio o a refugiarse en formalismos. Si Nueva Canarias reclama honestidad, transparencia y ejemplaridad a sus adversarios, debe exigir esos mismos estándares a sus propios cargos: publicación de las explicaciones y documentos pertinentes, cooperación plena con la justicia y rendición de cuentas política. La presunción de inocencia debe respetarse; la obligación de dar explicaciones públicas, también.
También merece una explicación la contratación, por parte del Grupo Parlamentario, de Oliver Caraballo, secretario Local de Organización de Arrecife y familiar de Yoné Caraballo, diputado de Nueva Canarias. Según fuentes que dicen haber sido consultadas en el Parlamento de Canarias, no lo habrían visto por las dependencias parlamentarias; además, afirman que no han localizado públicamente su currículum ni información sobre su retribución. Estas afirmaciones requieren contraste documental y una respuesta de las partes implicadas, pero plantean preguntas legítimas sobre la transparencia de la contratación: ¿cuál es exactamente el vínculo familiar con el diputado, qué funciones desempeña la persona contratada, qué experiencia y méritos justificaron su incorporación, quién propuso y autorizó el contrato y con qué controles se evalúa su trabajo? ¿Se han publicado el currículum, las condiciones económicas y las tareas asignadas para que la ciudadanía pueda comprobarlo? Y, sobre todo, ¿fue contratado por sus capacidades profesionales y por una necesidad real del Grupo Parlamentario, o existe un posible favoritismo hacia familiares que debe aclararse con documentos? La respuesta no puede ser el silencio, sino la transparencia. Caraballo, en su condición de diputado, debería contribuir a despejar las dudas y explicar qué garantías impiden que los recursos públicos o parlamentarios se perciban como una vía para favorecer a personas del entorno familiar.
Pedro Quevedo tiene derecho a defender su liderazgo y a proponer alianzas. Román Rodríguez tiene derecho a explicar las responsabilidades que asumió. La dirección tiene derecho a defender sus decisiones. Pero la militancia también tiene derecho a cuestionarlas, pedir documentos y elegir entre alternativas reales.
La cuestión decisiva es si Nueva Canarias está dispuesta a convertir esas preguntas en una oportunidad para reforzar su democracia interna o si permitirá que sigan acumulándose dudas sin respuestas suficientes.
Porque la renovación no puede ser una palabra vacía, la transparencia no puede depender de la conveniencia y una alianza electoral no puede sustituir al debate democrático.
La militancia merece saber qué se contrata, quién decide y por qué cambia la estrategia. La ciudadanía merece conocer cómo se justifican las responsabilidades políticas y económicas. Y la dirección de Nueva Canarias debe ofrecer respuestas claras, contrastables y públicas.
El problema no es que un partido cambie de opinión. El problema es que pretenda cambiar de rumbo sin explicar por qué, mientras sus afiliados siguen esperando una renovación que consideran pendiente.
Asamblea NC Las Palmas
