Canarias no necesita más diagnósticos sin memoria ni promesas sin fecha. El debate judicial y político sobre los años de residencia exigidos para acceder a vivienda protegida coloca sobre la mesa una cuestión que merece algo más que una reacción rápida. Afecta a demandantes canarios, personas migrantes, familias retornadas, jóvenes y administraciones y obliga a preguntarnos qué clase de respuesta estamos construyendo. Mi posición es esta: proteger a la población residente debe hacerse sin crear discriminaciones incompatibles con la igualdad. Desde ese punto de partida conviene separar el anuncio de los resultados y la urgencia de la improvisación.
El titular cuenta lo sucedido, pero no explica por sí solo el problema. Detrás aparecen la escasez de vivienda, los criterios rígidos y la tentación de enfrentar necesidades igualmente legítimas. Son factores que se acumulan, se relacionan y terminan haciendo más difícil cualquier solución. Ignorarlos puede producir una medida vistosa y poco útil. Reconocerlos, en cambio, permite diseñar prioridades y admitir que algunas respuestas necesitarán tiempo, presupuesto y continuidad.
En Canarias y sus municipios con mayor presión residencial, la geografía y la vida cotidiana modifican cualquier política. Las distancias, la dispersión de la población, los horarios y la capacidad administrativa no son detalles. Una fórmula que funciona en un núcleo céntrico puede resultar inútil en un barrio alejado. Por eso, antes de decidir, hay que caminar el territorio y escuchar a quienes conocen cada obstáculo porque lo encuentran todos los días.
El primer cambio debe producirse en la forma de planificar. Baremos sociales, transparencia, parque suficiente, control antifraude y revisión jurídica independiente han de presentarse como compromisos relacionados entre sí, con responsables, fechas y financiación. Una lista de actuaciones pierde valor cuando cada departamento avanza por separado. La coordinación no es una palabra amable para incluir en un documento; es la diferencia entre resolver un problema completo o trasladarlo de una ventanilla a otra.
También debemos hablar de dinero con claridad. Toda política cuesta, pero la falta de actuación también genera una factura. Retrasos, deterioro, emergencias y desigualdad suelen resultar más caros que prevenir. El presupuesto debe incluir mantenimiento, personal y evaluación, no únicamente la inversión inicial. Cuando una obra o un programa quedan abandonados después de la fotografía, la ciudadanía paga dos veces: por lo que se hizo y por lo que habrá que reparar.
Las personas afectadas no forman un grupo uniforme. Entre demandantes canarios, personas migrantes, familias retornadas, jóvenes y administraciones existen necesidades y capacidades distintas. La participación debe reflejar esa diversidad, evitando que solo sean escuchados quienes dominan los procedimientos o disponen de tiempo. Reunirse sirve si después se explica qué aportaciones fueron incorporadas, cuáles no y por qué. Sin devolución, la consulta se convierte en una forma educada de silencio.
La transparencia comienza antes de que aparezca una polémica. Publicar documentos comprensibles, criterios y datos permite detectar errores y reduce rumores. En asuntos relacionados con el debate judicial y político sobre los años de residencia exigidos para acceder a vivienda protegida, esconder información por temor a la crítica suele alimentar una desconfianza mayor. La institución que reconoce una dificultad y establece cómo corregirla demuestra más fortaleza que aquella que insiste en presentar como éxito una realidad que la calle desmiente.
La tecnología puede ayudar, aunque nunca debe emplearse para sustituir atención, criterio profesional o responsabilidad. Digitalizar un trámite no resuelve la escasez de vivienda, los criterios rígidos y la tentación de enfrentar necesidades igualmente legítimas; en ocasiones lo vuelve menos visible. Cualquier herramienta debe probarse con usuarios reales, ofrecer una alternativa presencial y proteger los datos. Innovar significa simplificar y mejorar decisiones, no trasladar costes y tareas desde la administración hacia la persona que necesita el servicio.
Hay una dimensión laboral que suele quedar fuera del debate. Las medidas dependen de profesionales con formación, estabilidad y medios. No se puede alcanzar cuando faltan casas, repartir la escasez con exclusiones no sustituye la obligación de construir soluciones mediante equipos desbordados o contratos que cambian constantemente. La precariedad termina apareciendo en forma de retrasos, errores y pérdida de experiencia. Cuidar el empleo que sostiene un servicio no es una concesión corporativa; es proteger su calidad.
La educación y la comunicación pública también son parte de la solución. Comprender por qué se propone baremos sociales, transparencia, parque suficiente, control antifraude y revisión jurídica independiente ayuda a participar con criterio y a distinguir información de propaganda. Colegios, asociaciones, medios y profesionales pueden traducir cuestiones complejas sin simplificarlas hasta deformarlas. Una ciudadanía informada no acepta todo, pero formula mejores preguntas y exige respuestas que puedan verificarse.
Debemos vigilar asimismo las desigualdades ocultas por los promedios. Una mejora general puede dejar atrás determinados barrios, edades o perfiles. Los datos relacionados con el debate judicial y político sobre los años de residencia exigidos para acceder a vivienda protegida han de desglosarse por territorio y situación social, respetando la privacidad. Sin esa mirada, las políticas terminan atendiendo a la persona más fácil de alcanzar y confunden cobertura administrativa con igualdad efectiva.
Otra tarea consiste en conservar memoria institucional. Muchas propuestas reaparecen con nombres nuevos sin explicar qué ocurrió con intentos anteriores. Archivar evaluaciones, publicar resultados y reconocer fallos evita comenzar siempre desde cero. La innovación verdadera aprende. Cambiar un logotipo o inaugurar otra plataforma no sirve si permanecen la escasez de vivienda, los criterios rígidos y la tentación de enfrentar necesidades igualmente legítimas. La experiencia debe convertirse en conocimiento compartido y no desaparecer con cada responsable político.
El enfoque de derechos ayuda a ordenar prioridades. Cuando los recursos son limitados, la decisión no puede depender de quién protesta más fuerte o resulta más rentable. Debe comenzar por quienes sufren mayores barreras dentro de demandantes canarios, personas migrantes, familias retornadas, jóvenes y administraciones. Esto exige criterios conocidos, mecanismos de reclamación y una atención capaz de explicar cada respuesta. La igualdad no consiste en repartir lo mismo, sino en evitar que una circunstancia personal o territorial convierta un derecho en una carrera de obstáculos.
También hace falta mirar la relación entre esta cuestión y el modelo económico. El debate judicial y político sobre los años de residencia exigidos para acceder a vivienda protegida no sucede al margen del empleo, la vivienda, el transporte o la capacidad de los servicios públicos. Una medida aislada puede aliviar un síntoma y dejar intacta la causa. Los departamentos deben compartir diagnósticos y presupuestos, evitando que una política genere un problema que otra tendrá que resolver después. La eficiencia verdadera se encuentra en esa visión conjunta.
El mantenimiento merece un compromiso específico. En demasiadas ocasiones se inaugura una actuación sin calcular quién la cuidará, cuánto costará y cómo se adaptará con el tiempo. Baremos sociales, transparencia, parque suficiente, control antifraude y revisión jurídica independiente deben incluir personal, reposición y revisión desde el primer presupuesto. Lo contrario produce instalaciones deterioradas, programas interrumpidos y nuevas licitaciones para recuperar lo que pudo conservarse. Mantener no luce tanto como estrenar, pero demuestra una responsabilidad pública mucho mayor.
Finalmente, debemos recuperar la confianza mediante resultados cercanos. Las grandes estrategias son necesarias, pero la ciudadanía juzga por experiencias concretas: una llamada respondida, un trayecto posible, un plazo cumplido o una información comprensible. En Canarias y sus municipios con mayor presión residencial, pequeñas mejoras coordinadas pueden cambiar la percepción de abandono y abrir una relación más exigente y constructiva con las instituciones. La confianza no se solicita; se gana cuando la palabra pública coincide, una y otra vez, con los hechos.
Para avanzar resulta necesario medir lo importante. No basta contar reuniones, expedientes o dinero ejecutado. Hay que saber cuánto tiempo se ahorra, cuántas barreras desaparecen, quién mejora y quién sigue esperando. Baremos sociales, transparencia, parque suficiente, control antifraude y revisión jurídica independiente necesitan indicadores públicos y revisiones periódicas. Evaluar no es atacar a quien gestiona; es ofrecerle herramientas para corregir y demostrar, con hechos, qué merece continuidad.
La mirada debe superar el calendario electoral. Alcanzar cuando faltan casas, repartir la escasez con exclusiones no sustituye la obligación de construir soluciones exige acuerdos estables y capacidad de adaptación. Los gobiernos cambian, pero las necesidades continúan. Un proyecto sólido permite modificar lo que falla sin desmantelar lo que funciona. Esa continuidad debe ir acompañada de control democrático, porque estabilidad no significa entregar un cheque en blanco ni renunciar a exigir responsabilidades.
La sociedad posee una parte de responsabilidad, aunque no puede sustituir las obligaciones públicas. Cuidar recursos, respetar normas y participar ayuda; descargar sobre familias y voluntariado servicios esenciales aumenta la desigualdad. La comunidad acompaña y propone. Las administraciones garantizan, regulan y financian. Mantener esa diferencia evita convertir la solidaridad en excusa para aceptar derechos incompletos.
Por eso, el arraigo no puede convertirse en una frontera dentro de la vivienda pública debe entenderse como una exigencia concreta y no como una frase efectista. En Canarias y sus municipios con mayor presión residencial tenemos la oportunidad de actuar antes de que el problema sea más costoso. La respuesta requiere información, humanidad y constancia. Cuando faltan casas, repartir la escasez con exclusiones no sustituye la obligación de construir soluciones es el horizonte, pero también debe ser la medida con la que juzguemos desde ahora cada decisión, cada presupuesto y cada resultado.
Vidal Bolaños, escritor y comunicador
