Pedro Sánchez ha anunciado elecciones generales para el próximo 29 de noviembre. Ahora comienza otra batalla: la de explicar a los españoles por qué deben volver a confiar en quien ha dirigido el país durante estos años. Y ahí no bastan los discursos solemnes, los enemigos de ocasión ni las advertencias sobre el desastre que supuestamente traerían los demás. Toca rendir cuentas.
Prepárense, porque podemos asistir a una campaña en la que Franco tenga más presencia que algunos candidatos. Volverán los fantasmas, las etiquetas y la tentación de presentar cualquier alternativa al poder como una amenaza para la democracia. PP y Vox tendrán que responder por sus propuestas, sus decisiones y sus contradicciones. Exactamente igual que el PSOE. Sin privilegios morales para nadie.
Lo que no resulta aceptable es convertir cada crítica al Gobierno en una agresión contra España, contra el progreso o contra las libertades. Un presidente no es la democracia. Un partido no es el país. Y perder unas elecciones no significa que los ciudadanos se hayan equivocado.
Los ciudadanos merecen y esperan unas elecciones limpias. Con garantías, transparencia, neutralidad institucional y respeto al resultado. También una campaña limpia: sin utilizar los recursos públicos como patrimonio electoral, sin confundir información con propaganda y sin tratar al discrepante como un enemigo. Exigirlo es defender las reglas que deben protegernos a todos.
Habrá quien prefiera hablar de conspiraciones internacionales, de fondos de inversión o de cualquier amenaza exterior. Pero ninguno de esos debates puede servir de cortina para evitar las preguntas sobre la gestión, la corrupción o las responsabilidades políticas. Los problemas de fuera no borran las obligaciones de dentro.
Y las responsabilidades deben distinguirse con claridad. Los tribunales determinan los delitos; los ciudadanos juzgan políticamente a quienes gobiernan. Una investigación no equivale a una condena, pero la presunción de inocencia tampoco convierte en impertinente una pregunta ni elimina el deber de dar explicaciones.
Frente a la corrupción, los ciudadanos necesitan nombres, hechos, documentos y respuestas. Necesitan saber qué ocurrió, quién debía vigilar y qué medidas se adoptaron. La contundencia de una crítica se mide por lo que puede sostener, y la credibilidad de un Gobierno, por su disposición a responder.
Mi reproche a Pedro Sánchez es político: ha hecho de su continuidad una prioridad que, a mi juicio, ha terminado desplazando demasiadas veces el interés general. Las instituciones pierden autoridad cuando se las arrastra a la pelea partidista; la confianza se deteriora cuando cada decisión parece depender de lo que conviene para seguir en el poder.
La libertad de expresión también se demuestra escuchando al periodista incómodo y aceptando al ciudadano que vota diferente. No puede defenderse por la mañana y ponerse bajo sospecha por la tarde cuando las preguntas molestan.
Canarias también tiene que estar a la altura de este momento. Estas elecciones deben servir para llevar al Congreso y al Senado una representación digna, firme y comprometida con las islas. Diputados y senadores que conozcan nuestros problemas y tengan voz propia para defenderlos, incluso cuando resulte incómodo para las direcciones de sus partidos.
La vivienda, la conectividad, la presión migratoria, los servicios públicos y el respeto a nuestras singularidades necesitan compromisos concretos y resultados. Canarias no puede aparecer en el debate nacional únicamente cuando sus votos hacen falta para sostener una mayoría. El valor de nuestra representación debe medirse por lo que consigue para los canarios, no por lo que garantiza a quien ocupa la Moncloa.
También aquí debemos exigir cuentas. No basta con llevar el nombre de Canarias en un discurso o hacerse una fotografía en Madrid. Hay que defender sus intereses, explicar cada acuerdo y responder por los compromisos incumplidos. Los escaños que salgan de las islas representan a sus ciudadanos y deben estar a su servicio.
Que cada partido presente su balance. Que cada candidato explique sus compromisos. Que los medios contrasten las acusaciones con la misma exigencia, afecten a quien afecten. Y que los españoles decidan sin que nadie pretenda repartir certificados de bondad según la papeleta elegida.
Porque la vida da vueltas, y la política también. Ningún gobernante tiene garantizada una prórroga indefinida. La última palabra pertenece a los ciudadanos.
Las urnas no están para salvar a Pedro Sánchez ni a ningún otro dirigente. Están para que España decida. Y Canarias debe hacerse escuchar.
Juan Santana, periodista y locutor de radio
