Liberación Canaria defiende que los espacios que el pueblo canario decidió proteger no pueden quedar durante décadas a merced de convenios, expedientes fragmentados y promesas empresariales.
Veneguera fue una conquista ciudadana y así debe seguir siendo, del país, no de quien tenga músculo para esperar veintitrés años a que la Administración mire hacia otro lado.
En 2003 el Parlamento de Canarias aprobó la Ley 6/2003, incorporó Veneguera al Parque Rural del Nublo y clasificó como suelo rústico todo el territorio protegido. Esa ley obligaba además a aprobar en un año un Plan de Recuperación e Inversión para el barranco.
Veintitrés años después, ese plan no aparece documentado en ningún sitio y el PORN Nublo-Tamadaba, que debía dar eficacia jurídica plena a esa protección, sigue sin aprobación definitiva pese a haberse iniciado en 2021 con un plazo previsto de 23 meses.
Mientras tanto, el territorio se ha gestionado a trozos. Desde 2018 los propios técnicos del Cabildo advertían de que en Veneguera se acumulaban expedientes del mismo operador que debían analizarse en conjunto, y aun así cada actuación siguió tramitándose por separado, Medio Ambiente por un lado, Aguas por otro, Mogán por otro, Costas y Patrimonio después.
En 2022 el Ayuntamiento de Mogán concedió una licencia pese a un informe ambiental desfavorable, y el Consejo Consultivo apreció causa de nulidad de pleno derecho.
En 2024 el Consejo Insular de Aguas abrió expediente para extinguir una autorización de 2018 por posible incumplimiento.
En 2026 el Cabildo ha trasladado informes al Seprona por posibles afecciones ambientales, hidráulicas y arqueológicas, y Fiscalía y Costas mantienen actuaciones abiertas.
Todo esto ocurre sobre una finca de 1.787 hectáreas que un convenio de 2016 entre una empresa pública del Gobierno de Canarias y Lopesan ya planificaba desarrollar a gran escala.
La consecuencia es que Canarias lleva veintitrés años confiando la protección de uno de sus barrancos más simbólicos a un sistema de vigilancia fragmentado que ninguna administración ha terminado de ejercer.
El Gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Mogán tienen responsabilidad directa en ese retraso, y mientras las administraciones no cierran el ciclo de protección que ellas mismas aprobaron, Veneguera sigue siendo terreno privado sometido a los intereses de quien lo posee.
Liberación Canaria no se conforma con exigir que se cumplan los expedientes pendientes. La única forma de acabar con veintitrés años de indefinición es que Veneguera deje de depender de la voluntad de una empresa privada.
Por eso proponemos que el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria inicien de inmediato los trámites para la compra pública de la Hacienda de Veneguera, mediante adquisición directa o expropiación por interés general, y que el barranco pase a gestión pública al servicio de la población canaria, con un uso agrícola, ambiental y social real, y no como reserva de suelo a la espera de un proyecto turístico o inmobiliario.
Exigimos también la publicación íntegra de todos los convenios y expedientes relacionados con Veneguera desde 2016, la culminación inmediata del PORN Nublo-Tamadaba y la elaboración, por fin, del Plan de Recuperación e Inversión que la Ley 6/2003 ordenó hace veintitrés años.
Veneguera fue una conquista del pueblo canario. Recuperarla para la población, y no para el negocio, es la única forma de que esa conquista no se pierda expediente a expediente. El territorio es el país.
Liberación Canaria
