La utilización de un espacio público para la realización de una actividad privada obliga al Ayuntamiento de Telde a aclarar quién autorizó la cesión, bajo qué condiciones y si existe alguna contraprestación.
El secretario político de Nueva Canarias en Telde y presidente de la Asociación de Vecinos Meclasa, habría permitido a una empresa privada utilizar estas instalaciones públicas para desarrollar una actividad vinculada a la comunicación.
El responsable del medio financiado con dinero público a través de Gestel, que anteriormente desarrollaba su actividad en una instalación centenaria del barrio de San Juan, las abandonó al no querer asumir el pago de un alquiler de 50 euros mensuales, habría encontrado ahora acomodo gratuito en este espacio de titularidad municipal.
Esta situación exige una explicación pública y transparente. Debe aclararse si existe un acuerdo de la Junta Directiva, una autorización formal del Ayuntamiento de Telde, qué normas regulan la utilización del inmueble, durante cuánto tiempo se ha cedido y si cualquier ciudadano, asociación o empresa puede acceder al local en las mismas condiciones.
También resulta necesario esclarecer si la entrevista realizada hace unos días al secretario político de Nueva Canaria y presidente del colectivo Meclasa, guarda alguna relación con la utilización gratuita de las instalaciones. Los espacios municipales no pueden convertirse en instrumentos particulares, partidistas o propagandísticos ni gestionarse como si fueran propiedad de quienes circunstancialmente los administran.
Un local público pertenece al conjunto de la ciudadanía. Su utilización debe responder al interés general, ajustarse a unas normas conocidas y garantizar la igualdad de acceso, sin privilegios ni cesiones discrecionales.
Por todo ello, se reclama al Ayuntamiento de Telde que informe sobre la situación administrativa del local, identifique a la persona que autorizó su uso y haga públicas las condiciones concretas de esta cesión. La transparencia es especialmente necesaria cuando en la gestión de un bien municipal interviene un responsable político.
Canarias Informativa
