Mil trescientos millones no caben en un titular.
El respaldo de Canarias al nuevo modelo de financiación autonómica debe traducirse en mejores servicios públicos y en unas cuentas comprensibles para la ciudadanía.
Por Vidal Bolaños Betancort
Canarias ha votado a favor de la propuesta de reforma de la financiación autonómica. Junto con Cataluña, ha sido la única comunidad que la ha respaldado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
El texto todavía debe superar su tramitación en el Congreso, por lo que no estamos ante una ley definitivamente aprobada. Conviene recordarlo antes de que unos presenten el acuerdo como una victoria completa y otros como una catástrofe irreversible.
La propuesta negociada prevé que Canarias reciba más de 1.300 millones de euros adicionales al año y mantiene fuera del sistema determinados recursos relacionados con el Régimen Económico y Fiscal. El primer paso de la reforma fue aprobado este 4 de septiembre, según la información de RTVE.
La cantidad impresiona. Precisamente por eso debemos comenzar a formular preguntas antes de que el debate quede reducido a una celebración del Gobierno o a una descalificación automática de la oposición.
¿En qué se invertirán esos recursos? ¿Cuánto se destinará a sanidad, dependencia, vivienda, educación o atención a la infancia? ¿Qué objetivos concretos se establecerán? ¿Cómo podrá la ciudadanía comprobar que el dinero ha producido una mejora real?
La financiación autonómica suele explicarse mediante porcentajes, fondos, población ajustada, capacidad fiscal y cesiones tributarias. Son conceptos que resultan incomprensibles para una parte importante de la sociedad.
Sin embargo, sus consecuencias son muy sencillas de entender. La financiación determina cuánto tarda una cita médica, cuántas personas esperan por una prestación de dependencia, si un centro educativo dispone de personal suficiente o si una familia puede acceder a un servicio social.
Por eso los 1.300 millones no deberían presentarse únicamente como una victoria política. Serán una oportunidad si terminan llegando a los servicios. Se convertirán en otra cifra publicitaria si se reparten sin planificación, evaluación ni transparencia.
Canarias tiene particularidades evidentes. La fragmentación territorial encarece los servicios, la doble insularidad perjudica a las islas no capitalinas y la distancia dificulta desplazamientos, tratamientos médicos y oportunidades educativas.
No cuesta lo mismo mantener determinados servicios en un territorio continental y compacto que hacerlo en ocho islas. Una ambulancia, un equipo sanitario o una infraestructura no pueden trasladarse de una isla a otra como si existiera una carretera.
La población ajustada debe tener en cuenta esa realidad. También debe valorar el envejecimiento, la pobreza, la presión demográfica, la atención a menores migrantes y los costes derivados de la lejanía.
Defender una mejor financiación para Canarias es razonable. Exigir que ese dinero sea administrado correctamente también lo es.
El Gobierno autonómico debería comprometerse a publicar un documento accesible en el que se explique el destino de cada partida adicional. No un informe de cientos de páginas escrito para especialistas, sino información que cualquier ciudadano pueda comprender.
Cantidad recibida, programa financiado, calendario, objetivo y resultado.
Si una partida se destina a reducir las listas de espera sanitarias, debemos conocer cuántas personas esperaban antes y cuántas esperan después. Si se utiliza para dependencia, debe informarse del número de expedientes resueltos. Si financia vivienda pública, debemos saber cuántas viviendas han sido realmente entregadas.
La transparencia no debe comenzar cuando aparece un problema. Debe acompañar al dinero desde el primer momento.
También será necesario mejorar la capacidad de ejecución. Las administraciones no siempre consiguen gastar correctamente los fondos de los que disponen. Existen proyectos que se retrasan por falta de personal técnico, trámites interminables o problemas de coordinación.
Recibir más recursos no solucionará automáticamente esas dificultades. Si no se refuerzan los equipos responsables de gestionar, contratar y evaluar, una parte del dinero puede permanecer inmovilizada mientras las necesidades continúan creciendo.
La financiación tampoco debe convertirse en una excusa para olvidar la responsabilidad fiscal propia. Recibir más fondos del Estado no elimina la obligación de revisar cómo se administra cada euro que ya forma parte del presupuesto autonómico.
Canarias necesita más recursos, pero también prioridades claras. No tendría sentido reclamar dinero para los servicios esenciales y después multiplicar gastos propagandísticos, estructuras innecesarias o proyectos sin impacto social demostrado.
La ciudadanía tiene derecho a saber qué se considera prioritario.
El acuerdo también ha mostrado las divisiones políticas. Comunidades gobernadas por partidos diferentes han rechazado el modelo y algunas han denunciado falta de negociación. Es legítimo discutir los criterios de reparto y presentar alternativas.
Lo que no resulta útil es rechazar o apoyar una reforma exclusivamente porque la propone un determinado partido. La financiación de la sanidad, la dependencia y los servicios sociales debería exigir un debate más riguroso.
No toda crítica supone estar en contra de Canarias. Tampoco todo apoyo convierte el modelo en perfecto.
El Gobierno de Canarias tendrá que explicar por qué considera beneficioso el acuerdo, cuáles fueron las condiciones negociadas y qué aspectos del texto todavía pueden mejorarse durante su tramitación parlamentaria.
La oposición, por su parte, debería concretar qué cambiaría y cómo garantizaría unos recursos equivalentes o superiores. Decir únicamente que todo está mal no constituye una alternativa.
La sociedad canaria debe poder evaluar el acuerdo sin quedar atrapada entre celebraciones y catástrofes partidistas.
Mil trescientos millones pueden reforzar servicios, contratar profesionales, construir viviendas y atender a personas que llevan años esperando. También pueden diluirse entre estructuras administrativas sin que la ciudadanía perciba cambios suficientes.
La diferencia dependerá de la gestión, la transparencia y la capacidad de establecer prioridades.
El dinero público no se mide por el tamaño del anuncio ni por los aplausos de una rueda de prensa. Se mide por la transformación que produce en la vida diaria.
Si llegan esos recursos, deberán notarse en el centro de salud, en las residencias, en los servicios de dependencia, en las aulas y en los barrios. De lo contrario, la cifra habrá sido grande, pero su resultado demasiado pequeño.
Mil trescientos millones no caben en un titular. Y, desde luego, no pueden desaparecer detrás de él.
Vidal Bolaños, escritor y comunicador
