La crisis laboral de La Montañeta retrata una realidad incómoda: Canarias necesita proteger al mismo tiempo a los menores que intenta reinsertar y a los profesionales encargados de acompañarlos.
Por Vidal Bolaños
En Canarias tenemos una extraña capacidad para acostumbrarnos a las alarmas.
Al principio nos inquietan.
Después las comentamos.
Más tarde aprendemos a convivir con ellas.
Y finalmente solo volvemos a prestarles atención cuando sucede algo que ya no tiene solución.
Conviene preguntarse si estamos haciendo exactamente eso con el Centro de Internamiento Educativo para Menores La Montañeta, en Gran Canaria.
Sus trabajadores llevan tiempo hablando.
Han protestado.
Han contado que faltan compañeros.
Han denunciado agresiones.
Han pedido mejoras salariales.
Han reclamado protección.
Han llevado indirectamente su situación hasta el Parlamento de Canarias.
Y ahora han dado un paso más: han comunicado el preaviso de una huelga y están negociando los servicios mínimos con la Fundación Canaria de Juventud IDEO.
La intención expresada por la representación laboral es que la medida pueda comenzar a partir del 10 de septiembre si no se alcanza antes un acuerdo.
Llegados hasta aquí, la pregunta ya no debería ser qué quieren los trabajadores.
Sus reclamaciones llevan tiempo siendo públicas.
La verdadera pregunta es por qué ha sido necesario llegar hasta aquí para intentar resolverlas.
Lo que ocurre detrás de una puerta que casi nunca vemos
La Montañeta forma parte de esa Canarias que existe pero apenas aparece en nuestra conversación cotidiana.
Allí no entramos normalmente los ciudadanos.
No paseamos delante de sus habitaciones.
No escuchamos los conflictos.
No vemos las crisis.
No sabemos qué sucede cuando un joven se autolesiona, cuando existe una pelea, cuando alguien pierde el control, cuando un profesional intenta contener una situación límite o cuando una persona termina su turno después de haber soportado amenazas e insultos.
Nos resulta más sencillo no pensar demasiado en esos lugares.
Pero existen.
Y son responsabilidad de todos porque forman parte de nuestro sistema público de justicia juvenil.
En La Montañeta cumplen medidas judiciales jóvenes a los que la sociedad debe exigir responsabilidades por aquello que han hecho, pero a quienes también debe ofrecer la posibilidad de regresar algún día a esa misma sociedad en mejores condiciones.
Esa es precisamente la filosofía de la justicia juvenil.
No consiste únicamente en encerrar.
Consiste en intervenir.
Educar.
Responsabilizar.
Tratar.
Reinsertar.
Y para hacer todo eso hacen falta personas.
Cuando empiezan a faltar manos
La presidenta del comité de empresa, Estefanía Grau, sostiene que determinados turnos deberían contar con 28 trabajadores y que actualmente estarían funcionando con entre veinte y veinticinco.
La misma representación laboral describe un año especialmente conflictivo y asegura que la falta de personal dificulta la respuesta cuando se producen situaciones violentas.
No son cifras menores.
Pero tampoco deberían utilizarse sin explicar de dónde proceden.
Se trata de datos aportados por el comité, y la Administración y la Fundación deberían publicar sus propias cifras completas para permitir la comparación.
Porque esta discusión se resolvería con algo relativamente sencillo: información.
¿Cuántos trabajadores estaban previstos ayer por la mañana?
¿Cuántos acudieron realmente?
¿Cuántos deberían estar esta noche?
¿Cuántas bajas hay?
¿Cuántas plazas están sin cubrir?
¿Cuánto tarda una sustitución?
¿Cuántas personas entran a trabajar y terminan marchándose?
No hace falta conocer ningún nombre.
Solo hace falta conocer la realidad.
El propio encargo del Gobierno de Canarias establece que IDEO debe mantener un número suficiente y constante de profesionales y garantizar las ratios incluso durante vacaciones, incapacidades laborales y otros periodos de ausencia.
Es decir, que la suficiencia de personal no debería ser una aspiración.
Es una condición necesaria para prestar correctamente el servicio.
Hay golpes que desaparecen y otros que se llevan a casa
Las denuncias de los trabajadores no hablan únicamente de cansancio.
Hablan de agresiones.
Según la representación laboral, se han producido episodios con golpes, objetos improvisados utilizados para atacar y amenazas constantes. También se ha denunciado la rotura de la nariz de un profesional y, recientemente, un incidente en el gimnasio del centro que terminó requiriendo presencia policial.
El comité insiste especialmente en otra herida que rara vez aparece en una fotografía: la psicológica.
Y aquí deberíamos detenernos.
Estamos acostumbrados a medir el daño laboral mediante huesos rotos, partes médicos o hematomas.
Pero alguien puede terminar físicamente entero y regresar a su casa completamente desbordado.
Quien trabaja durante meses anticipando que puede ser insultado, amenazado o agredido puede empezar a vivir cada turno desde la alerta.
Eso también es salud laboral.
Eso también merece prevención.
Eso también debe medirse.
No convirtamos a los menores en el enemigo
Hay una línea que no deberíamos cruzar.
Sería profundamente injusto utilizar esta crisis para convertir a todos los menores internados en La Montañeta en personas violentas o peligrosas.
No lo son.
Y sería además una manera demasiado fácil de evitar la verdadera discusión.
La propia Fundación recuerda que trabaja con jóvenes sometidos a medidas judiciales y que algunos presentan trastornos de conducta o problemas psicopatológicos graves. Para afrontar esas situaciones asegura disponer de protocolos, cámaras, sistemas de alarma, comunicaciones internas y vigilancia.
Ese contexto explica la dificultad.
No justifica que la violencia se normalice.
Precisamente porque sabemos que existe una población compleja, el sistema debe disponer de profesionales suficientes, especializados y protegidos.
No podemos diseñar un recurso para situaciones difíciles y sorprendernos después porque necesita más medios que un centro ordinario.
El error de enfrentar derechos
En demasiados debates acabamos construyendo dos bandos.
O se defiende al trabajador o se defiende al menor.
O se habla de seguridad o se habla de reinserción.
O se reclama disciplina o se reclama educación.
Es un error.
Quien realmente defiende a los menores debería ser el primero en pedir buenas condiciones para sus educadores, psicólogos, monitores y resto de profesionales.
Y quien realmente defiende a los trabajadores debería entender que unas mejores condiciones no tienen como finalidad castigar más a los jóvenes, sino intervenir mejor con ellos.
Un centro inseguro es malo para todos.
Un centro sin personal suficiente es malo para todos.
Una plantilla que cambia constantemente es mala para todos.
Una relación educativa requiere confianza, estabilidad y conocimiento mutuo.
Eso resulta muy difícil cuando los equipos trabajan agotados o cuando las nuevas incorporaciones duran poco tiempo.
El sueldo también habla de cuánto valoramos un trabajo
Los trabajadores reclaman mejoras económicas.
Según el comité, algunas nuevas incorporaciones estarían percibiendo alrededor de 1.200 euros y se plantea reclamar un incremento mensual, además de elevar el complemento de peligrosidad y aplicar un plus de insularidad.
Naturalmente, las cantidades deberán negociarse.
Pero existe una reflexión previa.
¿Qué salario consideramos adecuado para alguien que trabaja diariamente con menores privados de libertad, interviene ante conductas complejas y puede encontrarse expuesto a agresiones?
No es una pregunta demagógica.
Es una pregunta sobre el valor que atribuimos a determinados trabajos.
A veces nos sorprendemos de que no existan profesionales disponibles sin preguntarnos si hemos construido condiciones suficientemente atractivas para que quieran ocupar esas plazas.
IDEO mantiene actualmente una bolsa temporal para educadores, monitores y monitores auxiliares destinada, entre otros centros, a La Montañeta. La información fue actualizada el 24 de agosto.
Existe, por tanto, un esfuerzo de contratación.
Pero contratar no es exactamente lo mismo que retener.
Y quizá ahí esté una de las claves.
Una responsabilidad que no desaparece entre papeles
La Fundación IDEO es la empleadora directa del personal.
Así lo establece claramente el encargo oficial.
Le corresponde negociar y pagar las retribuciones, gestionar sustituciones y garantizar las obligaciones de prevención de riesgos laborales.
Pero la justicia juvenil no ha sido privatizada ni entregada a una realidad ajena al Gobierno.
IDEO es una fundación pública, medio propio de la Administración autonómica, y la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias conserva funciones permanentes de supervisión, dirección, control e inspección.
Por eso nadie debería esconderse detrás del organigrama.
La respuesta debe ser compartida.
No esperemos a septiembre para empezar a hablar
Durante demasiado tiempo hemos convertido septiembre en el mes de volver.
Volver al colegio.
Volver al trabajo.
Volver a las rutinas.
En La Montañeta puede convertirse este año en el mes de parar.
Sería una paradoja terrible que quienes trabajan para mantener diariamente un servicio público tuvieran que detener su actividad para conseguir que alguien atendiera sus reclamaciones.
La huelga todavía puede evitarse mediante un acuerdo.
Pero resolver el conflicto exige algo más que apagar temporalmente la protesta.
Hay que saber si faltan trabajadores y cuántos.
Hay que conocer por qué cuesta incorporarlos.
Hay que evaluar las agresiones.
Hay que atender la salud mental de la plantilla.
Hay que revisar salarios y complementos.
Hay que comprobar que los protocolos funcionan.
Y hay que garantizar que los menores continúen recibiendo la intervención educativa que necesitan.
Porque esta historia no trata solo de una huelga.
Trata de qué clase de Canarias queremos construir cuando nadie está mirando.
Una Canarias que espera hasta que sucede una desgracia.
O una Canarias capaz de escuchar las señales antes de que sea demasiado tarde.
Los trabajadores de La Montañeta llevan tiempo enviándolas.
Ahora corresponde a las instituciones demostrar que también saben escuchar.
Vidal Bolaños, escritor y comunicador
