La política de vivienda en Canarias ha experimentado un giro durante esta legislatura. Tras años marcados por la escasa promoción de vivienda protegida y la lentitud administrativa, las medidas impulsadas por el Gobierno autonómico han permitido reactivar el sector y alcanzar cifras que reflejan un cambio de tendencia: desde el inicio de la legislatura se han registrado 200 solicitudes para la calificación provisional de 4.047 viviendas protegidas, un indicador que confirma el incremento de la actividad promotora en las islas.
Este avance responde a una estrategia orientada a aumentar la oferta de vivienda, eliminar obstáculos administrativos y generar un marco que facilite el desarrollo de nuevas promociones, tanto desde el ámbito público como privado.
El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad y el secretario general de Coalición Canaria (CC) Gran Canaria, Pablo Rodríguez, ha destacado que “la vivienda se ha convertido en una prioridad durante esta legislatura y los datos demuestran que las medidas adoptadas están dando resultados. El objetivo era cambiar la dinámica de un sector que llevaba demasiado tiempo paralizado y hoy vemos cómo ese cambio comienza a traducirse en más promociones y más vivienda protegida”.
Uno de los principales indicadores de esta evolución es el crecimiento de las solicitudes de calificación provisional, el trámite que permite que una promoción acceda al régimen de vivienda protegida antes del inicio de las obras. Mientras que entre 2021 y 2023 apenas se registraron unas pocas promociones, entre 2024, 2025 y el primer semestre de 2026 se han contabilizado 200 solicitudes correspondientes a 4.047 viviendas, reflejando la recuperación de la actividad.
Detrás de este cambio se encuentran las reformas impulsadas durante la legislatura para transformar el funcionamiento del sector. La aprobación de dos decretos leyes en materia de vivienda, uno de ellos ya convertido en ley, ha permitido reducir los tiempos administrativos, facilitar la disponibilidad de suelo, reforzar la seguridad jurídica y agilizar la construcción de vivienda protegida y asequible.
A estas medidas se suma la actualización del Módulo Básico Canario, adaptándolo a la realidad de los costes de construcción para recuperar la viabilidad económica de las promociones de vivienda protegida y favorecer que nuevos proyectos puedan salir adelante.
La estrategia desarrollada durante estos años también ha permitido incrementar el número de viviendas públicas planificadas y en ejecución y modernizar el sistema de adjudicación de vivienda protegida. Frente al antiguo modelo basado en sorteos, las adjudicaciones se realizan ahora siguiendo criterios sociales, económicos y familiares a través del Visor de Vivienda Canaria, garantizando que los recursos públicos lleguen prioritariamente a quienes presentan una mayor necesidad.
“Las políticas públicas deben medirse por su capacidad para mejorar la vida de las personas. Hoy Canarias no solo está construyendo más vivienda protegida, sino que cuenta con un marco normativo más ágil, un sistema de adjudicación más justo y una planificación que permite afrontar este reto con mayor eficacia”, ha señalado Pablo Rodríguez.
Aunque el acceso a la vivienda continúa siendo uno de los grandes desafíos del Archipiélago, los avances alcanzados durante esta legislatura evidencian un cambio de rumbo en la forma de afrontar este problema. El aumento de las promociones, la agilización de los procedimientos y la modernización del sistema de acceso sientan las bases de una política de vivienda más eficaz, capaz de ofrecer respuestas a una demanda que durante años permaneció sin soluciones suficientes.
