La plataforma cuestiona que Costas permita construir seis habitaciones en la sexta planta del hotel, donde anteriormente obligó a eliminar cuatro por considerar que suponían un aumento de volumen, y anuncia que acudirá a la jurisdicción contencioso-administrativa.
La polémica en torno a la reforma del Hotel Riu Palace Tres Islas, situado en Corralejo, en el municipio majorero de La Oliva, entra en una nueva fase. La Plataforma Ciudadana Salvar Chira-Soria y Barranco de Arguineguín asegura haber accedido este viernes, 21 de agosto, a través del Registro Electrónico, a la autorización concedida para las obras de reforma del establecimiento y anuncia que llevará el asunto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo.
El colectivo da así un paso más después de que días atrás reclamara formalmente a la Demarcación de Costas de Canarias conocer el contenido íntegro de la autorización y las razones técnicas y jurídicas que habían permitido dar luz verde a diferentes actuaciones en el hotel, entre ellas la construcción de seis habitaciones en la sexta planta. Onda Guanche informó anteriormente de que la plataforma había solicitado explicaciones sobre esta resolución y sobre su compatibilidad con las limitaciones derivadas de la ocupación del Dominio Público Marítimo-Terrestre.
Según la documentación a la que afirma haber tenido acceso la plataforma, la autorización se refiere a obras sobre la concesión otorgada mediante Orden Ministerial de 12 de abril de 2007, al amparo de la disposición transitoria primera de la Ley de Costas, para la ocupación de terrenos e instalaciones pertenecientes al Dominio Público Marítimo-Terrestre (DPMT).
La reforma había sido planteada por RIU el pasado 16 de enero de 2026 mediante una declaración responsable y afecta a diferentes zonas del establecimiento.
Seis habitaciones donde antes hubo cuatro
El principal punto de conflicto continúa estando en la sexta planta del hotel.
La plataforma sostiene que la autorización permite a RIU Hotels, S.A. —anteriormente Sonco Canarias, S.A.— construir seis habitaciones en esa planta, precisamente en una zona donde anteriormente existían cuatro habitaciones que fueron objeto de controversia.
Salvar Chira-Soria recuerda que aquellas cuatro dependencias habrían sido construidas ocupando un espacio destinado inicialmente a solárium y que su existencia fue cuestionada al entenderse que representaban un aumento de volumen incompatible con las condiciones aplicables a la concesión.
El colectivo asegura que las habitaciones terminaron siendo demolidas después de las denuncias formuladas durante años y de la presión social y mediática generada alrededor de la situación del hotel. La anterior polémica sobre esas dependencias y las dudas planteadas por la plataforma respecto a su demolición ya habían sido recogidas por Onda Guanche.
Ahora, la organización considera difícil de explicar que, después de no admitirse cuatro habitaciones por representar presuntamente un incremento del volumen construido, Costas autorice seis nuevas habitaciones en el mismo nivel del establecimiento.
«No entendemos por qué aquello que no era negociable y suponía aumento de volumen deja ahora de considerarse como tal», cuestiona la plataforma.
Rechazan que otras reducciones puedan servir de compensación
La autorización contempla igualmente modificaciones en otras zonas del complejo hotelero.
Según expone el colectivo, el proyecto prevé actuaciones como la eliminación de la actual piscina infantil o la reducción de las dimensiones de otras instalaciones, entre ellas la piscina principal. La plataforma sostiene que estas decisiones forman parte del proyecto planteado voluntariamente por la empresa y rechaza que puedan interpretarse como una compensación que permita justificar la construcción de las seis habitaciones.
A su juicio, reducir determinadas superficies del complejo no debería servir para neutralizar jurídicamente el incremento de volumen que, según mantiene la organización, supondrían las nuevas dependencias previstas para la sexta planta.
Ya en su anterior escrito, Salvar Chira-Soria había pedido específicamente a Costas que explicara cómo podían considerarse compatibles con las restricciones existentes tanto las seis habitaciones como las modificaciones de las piscinas y la creación de un nuevo solárium.
Duras críticas a la Demarcación de Costas
La plataforma eleva además considerablemente el tono contra la actuación de la Demarcación de Costas de Canarias, organismo al que acusa de haber adoptado una posición excesivamente permisiva respecto a las pretensiones de RIU.
El colectivo considera que Costas debería ejercer como garante de la protección del Dominio Público Marítimo-Terrestre y sostiene que la resolución conocida ahora plantea serias dudas sobre el criterio empleado para autorizar determinadas actuaciones.
«Lamentamos que desde la Demarcación de Costas de Canarias sean ahora tan permisivos y traten de hacer la vista gorda a las pretensiones del holding RIU Hotels», sostiene la plataforma, que llega a calificar la actuación administrativa como una «sumisión» a los intereses empresariales.
Se trata, en cualquier caso, de valoraciones y acusaciones formuladas por la propia plataforma, que deberán ser contrastadas con los argumentos técnicos y jurídicos que sustentan la autorización administrativa.
Anuncian acciones judiciales
Salvar Chira-Soria y Barranco de Arguineguín anuncia finalmente que su intención es impugnar judicialmente la autorización ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
El colectivo advierte además de que analizará la documentación y que, en caso de apreciar indicios que pudieran ser constitutivos de una presunta prevaricación, estudiará trasladar el asunto también a la jurisdicción penal.
La referencia a una eventual prevaricación constituye por el momento únicamente una hipótesis planteada por la plataforma y no implica la existencia de delito alguno ni de responsabilidad penal acreditada.
El nuevo movimiento vuelve a situar en el centro de la controversia al Hotel Riu Palace Tres Islas y a la Demarcación de Costas de Canarias, después de años de disputas relacionadas con la situación del establecimiento dentro del espacio protegido de las Dunas de Corralejo y con su ocupación del Dominio Público Marítimo-Terrestre.
La cuestión que plantea ahora la plataforma es especialmente concreta: cómo puede considerarse admisible la construcción de seis habitaciones en una zona donde anteriormente cuatro fueron cuestionadas precisamente por representar un supuesto aumento de volumen. Esa será una de las claves sobre las que el colectivo pretende centrar su batalla judicial.
