El director general de Contratación y Patrimonio del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Rafael de Francisco Concepción, ha emitido una resolución por la que se da por iniciado un procedimiento de imposición de multas a la Compañía Canaria de Cementerios (Canaricem) por la presunta comisión de infracciones graves y muy graves del pliego del servicio de cementerios municipales que abren incluso la puerta a una posible resolución del contrato, que fue firmado en noviembre de 1997 y que está vigente hasta el año 2047, con una vigencia total de cinco décadas.
La decisión del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria designa al jefe del servicio de Patrimonio, Adrián Vega, como instructor del procedimiento que analiza dos hechos: por un lado, un presunto «incumplimiento culpable» de las obligaciones contractuales y desvío de la actividad propia de Canaricem a la empresa Jomavaro, con la que comparte la figura del administrador; y, por otra parte, por supuesta obstrucción reiterada, ocultamiento y falseamiento de información.
Las relaciones entre el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Canaricem han estado marcadas, en los últimos años, por las críticas del gobierno municipal a la gestión de los cementerios públicos por «el deterioro apreciable en las condiciones de mantenimiento, conservación y limpieza de las instalaciones», así como por las discrepancias respecto a la información remitida por la concesionaria.
Esto hizo que en noviembre de 2024, el Ayuntamiento encargara una auditoría externa sobre el estado de los recintos funerarios que cuestionaba la gestión de la empresa concesionaria.
Sin embargo, como se cita en la resolución municipal, el procedimiento actual de imposición de penalidades no deriva del informe externo, «sino de la documentación aportada por la propia entidad concesionaria Canaricem en respuesta a los requerimientos de información formalmente notificados por este Ayuntamiento».
«Dicha documentación pone de manifiesto, por sí sola y sin necesidad de valoraciones técnicas externas, los indicios de incumplimiento», señala la resolución municipal firmada el viernes pasado por el área de Contratación y Patrimonio.
En esta resolución se concede un plazo de 15 días hábiles a la empresa concesionaria para que pueda formular alegaciones en contra de la atribución de incumplimientos contractuales, de los pliegos y de la propia oferta de Canaricem.
Ejecución de obras
El primero de estos supuestos incumplimientos es el referido a la ejecución de obras que, pese a que debería haber ejecutado Canaricem, fueron subcontratadas, sobre todo a través de la empresa Jomavaro.
«Se ha constatado de forma objetiva la existencia de un vínculo de subordinación y dirección única entre ambas mercantiles, toda vez que Canaricem y Jomavaro comparten la a la misma persona física en su cúpula decisoria, concretamente al mismo administrador», recoge la resolución, que todavía no ha sido notificada a Canaricem. Además, para reforzar este vínculo, se cita a una trabajadora de la concesionaria que también tiene un puesto como apoderada en Jomavaro.
Esta identidad de los órganos de administración y representación evidencia que Jomavaro carece de la condición de tercero independiente, constituyendo un indicio relevante de que ambas sociedades actúan bajo una unidad de decisión y de intereses en la ejecución de actividades vinculadas a la concesión».
El análisis municipal repasa los trabajos a particulares subcontratados por Canaricem en 2024 y concluye que Jomavaro realizó 34 de los 41 que constituyeron el total. «Es cifra resulta sorprendente y es un claro indicio de desviación de los ingresos ya que Canaricem tiene capacidad para llevar a cabo los trabajos».
Esto provoca un desvío de la contabilización de los ingresos hacia Jomavaro y una minoración de la base de cálculo para el pago del canon del 5% sobre los ingresos brutos de Canaricem al Ayuntamiento, que está fijado por contrato.
Los técnicos municipales advierten de que esta relación entre las dos empresas podría justificar la aplicación de la doctrina del levantamiento del velo societario, una construcción jurisprudencial que permite al juez ahondar si la estructura societaria es utilizada de forma abusiva o fraudulenta. Se trataría de «determinar correctamente el volumen de ingresos derivados de la explotación de la concesión y el cumplimiento de las obligaciones económicas asumidas por el concesionario, con independencia de la persona jurídica en cuya contabilidad hubieran sido formalmente registrados».
La relación entre las dos empresas también tiene efectos en la determinación y justificación de los gastos, según el Consistorio capitalino, ya que Canaricem incorpora como gastos de explotación las facturas emitidas por Jomavaro. Y, por tanto, no se puede considerar que los servicios se hayan pagado a precios normales de mercado, entrando en un riesgo de distorsión del resultado económico ante el posible «incremento artificial de los costes».
A ello se añade que el pliego limita la subcontratación a obras anejas y a los servicios auxiliares, mientras que el análisis municipal considera que Jomavaro «habría asumido de forma habitual la ejecución de trabajos propios y esenciales de la concesión, excediendo aparentemente los límites de la subcontratación autorizada».
Tanto la supuestamente incorrecta imputación de los ingresos como la de las gastos en el marco de las relaciones entre Canaricem y Jomavaro son calificadas como dos infracciones muy graves que pueden conllevar multas de entre 10.794,18 euros y 53.970,9 euros, así como una declaración de resolución de la concesión.
Obstrucción
Respecto al segundo hecho que motiva la imposición de las penalidades es el referido a la supuesta «obstrucción reiterada» en la remisión de la información de la empresa al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Aquí se detectan falta de desglose de las cuentas, descuadres numéricos e indicios de supuesto falseamiento de los servicios de venta de flores.
«De imputar los gastos correctamente y de ser ciertos los ingresos declarados, la actividad de venta de flores sería deficitaria para el concesionario, lo que es prácticamente imposible, de acuerdo a los márgenes comerciales habituales de esta actividad», señala la resolución de la Dirección General de Contratación y Patrimonio.
La interpretación que hace el Consistorio es que, indiciariamente, «los ingresos se podrían estar adulterando de cara a minorar la base de cálculo para el pago del canon del 5% sobre dichos ingresos brutos, causando un perjuicio económico directo a las arcas municipales».
El falseamiento de la información se consideraría una infracción muy grave que acarrearía una multa de entre 10.794,18 euros y 53.970,9 euros, con posible declaración de la resolución de la concesión. En cambio, la presunta obstrucción de la concesionaria a la hora de facilitar la información requerida sería considerada una infracción grave, castigada con multa de entre 2.700 euros y 11.000 euros, según los datos actualizados a junio de 2025.
Misma empresa que lleva el mantenimiento de los cementerios de Telde
Canaricem es la misma empresa que lleva el mantenimiento de los cementerios de Telde, por lo que se genera la duda más que razonable de los posibles incumplimientos que se estén cometiendo también en la ciudad de los Faycanes.
