La investigación sobre las presuntas irregularidades relacionadas con la EDAR de Silva ha entrado en una nueva fase tras el traslado del expediente a los órganos judiciales de Telde, donde será un juez de instrucción el encargado de dirigir las pesquisas, ordenar las diligencias necesarias, tomar declaraciones y determinar el alcance real de las posibles infracciones investigadas.
Este nuevo escenario judicial vuelve a colocar en el centro del debate la actuación política del alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, y la gestión de su Gobierno durante la crisis ambiental que afectó al litoral del municipio.
Mientras las miradas institucionales y el discurso público se dirigían hacia las jaulas marinas como posible origen del problema, ahora corresponde a la Justicia esclarecer qué ocurrió realmente en torno a la EDAR de Silva, su funcionamiento, sus sistemas de control y las circunstancias relacionadas con los vertidos investigados.
El alcalde de Telde tiene ahora la obligación política de explicar qué información manejaba su Gobierno sobre la situación de la depuradora, cuándo tuvo conocimiento de las posibles anomalías, qué controles se realizaron y qué medidas concretas se adoptaron para garantizar el correcto funcionamiento de una infraestructura esencial para la protección del litoral.
No basta con anunciar colaboración con la Justicia. Esa colaboración es una obligación de cualquier Administración pública. Lo que se reclama al alcalde es transparencia y responsabilidad política ante la ciudadanía.
Juan Antonio Peña debe aclarar si durante la crisis ambiental dispuso de informes técnicos sobre la EDAR de Silva, si conocía la existencia de incidencias en la instalación, qué actuaciones ordenó su Gobierno y por qué el discurso público municipal puso el foco principalmente sobre factores externos mientras ahora una investigación judicial deberá determinar el alcance de las posibles irregularidades vinculadas a la gestión de la planta.
La cuestión resulta especialmente relevante porque, mientras la preocupación social crecía y la ciudadanía reclamaba explicaciones sobre el deterioro ambiental del litoral, el debate público parecía orientarse hacia un único responsable externo. El avance de las actuaciones obliga ahora a analizar todas las posibles causas y responsabilidades sin exclusiones ni cortinas de humo.
La Justicia tendrá que hacer su trabajo y determinar si existen responsabilidades penales. Pero el ámbito político tiene sus propios tiempos y exigencias. El alcalde debe explicar qué sabía, cuándo lo supo y qué hizo.
La judicialización del caso aumenta la presión sobre quienes tenían responsabilidades en la tutela, explotación, control y supervisión de la EDAR de Silva. También obliga al Gobierno de Telde a poner a disposición de la Justicia toda la documentación necesaria y, paralelamente, a ofrecer explicaciones públicas sobre las decisiones adoptadas.
Telde no puede conformarse con comunicados institucionales genéricos ni con declaraciones destinadas únicamente a marcar distancias con la investigación. La ciudadanía tiene derecho a conocer la secuencia completa de los acontecimientos y el papel desempeñado por cada Administración y cada responsable político.
Resulta necesario aclarar si existieron advertencias previas, informes técnicos, incidencias conocidas o cualquier otra circunstancia que pudiera haber requerido una actuación política más rápida y contundente.
La investigación judicial deberá determinar la existencia o no de infracciones y sus posibles responsables. Pero, políticamente, Juan Antonio Peña no puede permanecer como un simple espectador de un asunto que afecta directamente a la imagen de Telde, a su litoral y a la confianza de la ciudadanía en la gestión de los servicios públicos.
Durante meses se señalaron posibles causas externas. Ahora que la Justicia investiga el entorno de la EDAR de Silva, corresponde al alcalde comparecer, explicar y responder.
Porque cuando un asunto de esta gravedad termina en los juzgados, la transparencia no puede limitarse a decir que se colaborará con la Justicia. La verdadera transparencia consiste en explicar qué ocurrió, qué se sabía y qué decisiones se tomaron para evitarlo.
Canarias Informativa
