«¿POR QUÉ BORRAR LA HISTORIA VIVIDA?»

Hay preguntas que no deberían asustar a una democracia madura. Y una de ellas es tan sencilla como incómoda: ¿por qué borrar la historia vivida?

¿Por qué arrancar de los pueblos aquellos símbolos que, con el paso de los años, han dejado de ser únicamente una referencia política para convertirse en parte del paisaje, de la memoria urbana y de la vida cotidiana de generaciones enteras? ¿Por qué volver una y otra vez sobre las heridas del pasado con la pretensión de cerrarlas a golpe de decreto, catálogo o retirada administrativa?

La polémica ha vuelto a abrirse después de que el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, anunciara la intención del Gobierno de España de impulsar la retirada de determinados símbolos incluidos en el catálogo previsto por la legislación de memoria democrática. Entre esos posibles elementos aparece la conocida Cruz de los Caídos del casco histórico de Agüimes, un monumento que forma parte desde hace décadas de la imagen del municipio.

Y ante esta situación, el concejal de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Agüimes, Antonio Vélez, ha querido hablar claro. Sin medias tintas. Sin esconderse. Sin sumarse al silencio cómodo de quienes prefieren mirar para otro lado cuando se toca la historia de su pueblo.

“Agüimes no debe retirar la Cruz. Si es necesario, me sentaré junto a ella para defender que permanezca donde está”, manifestó Vélez.

La frase tiene fuerza. Tiene carga simbólica. Tiene incluso algo de resistencia democrática frente a una forma de entender la memoria que, muchas veces, parece más interesada en borrar que en explicar, más preocupada por retirar piedras que por construir convivencia.

Porque una cosa debe quedar clara: conservar un símbolo no significa justificar todo lo que pudo representar en su origen. Mantener una cruz, un monumento o una referencia histórica no equivale a defender una dictadura ni a negar el dolor de quienes sufrieron. Significa, simplemente, aceptar que la historia existió. Que los pueblos tienen pasado. Que la memoria no se impone desde un despacho. Que las heridas no se curan con una grúa.

La Cruz de los Caídos de Agüimes podrá gustar más o menos. Podrá generar opiniones distintas. Pero forma parte de la historia visible del municipio. Ha estado ahí durante años, como testigo silencioso de un tiempo que existió, de una España que también forma parte de nuestra memoria colectiva, con sus luces, sus sombras, sus errores, sus tragedias y sus contradicciones.

Borrar no siempre es reparar. A veces, borrar es amputar. Es arrancar una parte del relato común. Es decirle a una generación que aquello que vio, que vivió o que heredó ya no debe estar a la vista porque el poder político del momento ha decidido que incomoda.

Y ahí surge una pregunta inevitable: si empezamos a borrar todo lo que incomoda, ¿dónde ponemos el límite? ¿Habrá algún día en el que también se pretenda borrar la historia reciente del Gobierno de Pedro Sánchez y de su círculo más cercano? ¿Habrá también dentro de unos años quienes pidan retirar nombres, fotografías, discursos, placas, decisiones o símbolos vinculados a esta etapa política de España?

La historia no puede escribirse con goma de borrar según convenga al gobierno de turno. Hoy se retira una cruz. Mañana otro gobierno podría querer retirar otros símbolos. Y pasado mañana, cualquier poder podría sentirse legitimado para decidir qué parte del pasado merece sobrevivir y cuál debe desaparecer.

Eso no es memoria. Eso es selección interesada de la memoria.

Antonio Vélez plantea algo razonable: que cualquier decisión se adopte con respeto a la legalidad, al patrimonio histórico y, sobre todo, escuchando a la ciudadanía. Porque Agüimes no es una pieza de laboratorio. Agüimes es un pueblo con vecinos, con historia, con sensibilidad propia y con derecho a participar en una decisión que afecta a su paisaje, a su identidad y a su memoria.

Las administraciones deberían dedicar más energía a resolver los problemas reales de la gente: la vivienda, la sanidad, la seguridad, el empleo, la falta de oportunidades, el coste de la vida, el abandono de muchos servicios públicos o la incertidumbre que pesa sobre tantas familias. Mientras tanto, se abren debates que dividen, que enfrentan y que vuelven a colocar a los ciudadanos en trincheras emocionales que muchos creían superadas.

La memoria democrática no debería ser una herramienta de confrontación. Debería servir para conocer, para enseñar, para contextualizar y para no repetir errores. Pero cuando se utiliza para imponer una mirada única sobre la historia, corre el riesgo de convertirse en una forma de censura moral del pasado.

Los pueblos no pueden vivir condenados a destruir sus propios recuerdos. La historia no se honra escondiéndola. Se honra explicándola. Se honra colocando placas, dando contexto, enseñando a los jóvenes qué ocurrió y permitiendo que cada generación comprenda su pasado sin manipulación y sin miedo.

Agüimes merece ser escuchado. Sus vecinos merecen opinar. Y su historia merece algo más que una orden administrativa dictada desde lejos.

Porque cuando un pueblo empieza a borrar lo que ha vivido, corre el riesgo de perder algo mucho más profundo que una cruz: puede perder el hilo de su propia memoria.

Y un pueblo sin memoria es un pueblo más fácil de manipular.

Juan Santana, periodista y locutor de radio