La investigación por los vertidos contaminantes que sacudieron la costa de Telde da un giro relevante y deja en una posición incómoda al Ayuntamiento. Tras meses en los que desde la institución municipal se ha tratado de mirar hacia otro lado y desplazar el foco hacia las jaulas marinas de Aquanaria, la Fiscalía de Medio Ambiente ha remitido las diligencias a los juzgados tras detectar numerosas irregularidades en la gestión de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Silva y su emisario 222, de titularidad municipal.
El caso, que provocó el cierre de 17 playas del sureste de Gran Canaria y una importante alarma ambiental tras la aparición de peces muertos en las jaulas marinas de Aquanaria, pasa ahora a sede judicial. La investigación deberá determinar si la depuradora de Silva y su emisario pudieron estar detrás de los vertidos que afectaron gravemente al litoral teldense.
La Fiscalía inició sus actuaciones en octubre del pasado año y, según se desprende de las diligencias, una de las principales líneas de investigación apunta al emisario 222, directamente vinculado a la depuradora municipal de Silva. Este extremo resulta especialmente relevante, ya que durante meses el Ayuntamiento de Telde ha defendido públicamente una versión exculpatoria, insistiendo en que los controles e informes técnicos no señalaban responsabilidad municipal alguna.
Sin embargo, la actuación de la Fiscalía introduce un elemento de enorme gravedad: la existencia de irregularidades en una infraestructura clave cuya gestión afecta directamente a la salubridad, al medio ambiente y a la imagen del municipio. Lejos de despejar dudas, el traslado del caso al juzgado obliga ahora a poner el foco sobre una administración local que no puede limitarse a declararse satisfecha porque el procedimiento avance, mientras evita asumir cualquier responsabilidad política.
La Fiscalía ha tomado muestras en la depuradora de Silva, remitidas al Instituto de Ciencias Forenses para la elaboración de un análisis pericial de impacto ambiental. Ese informe, todavía en fase de elaboración, será decisivo para conocer el alcance real de los hechos y determinar si pudieron constituir un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente.
Mientras tanto, el Ayuntamiento de Telde mantiene su estrategia defensiva. La institución sostiene que no se aprecia responsabilidad municipal y continúa reclamando la revisión de las concesiones administrativas de las jaulas marinas, además de exigir la visita del consejero responsable. Una postura que contrasta con el hecho objetivo de que la Fiscalía ha puesto el foco en la depuradora de Silva y en un emisario de titularidad municipal.
La causa queda ahora en manos de los juzgados de Telde, donde la empresa concesionaria de las jaulas marinas también presentó denuncia por los mismos hechos. Será la investigación judicial la que determine responsabilidades, pero el relato político del Ayuntamiento queda seriamente tocado: después de meses señalando hacia fuera, las sospechas apuntan ahora hacia una instalación municipal cuya gestión presenta, según la Fiscalía, numerosas irregularidades.
Telde merece explicaciones claras, transparencia absoluta y responsabilidades si se confirma que la depuradora de Silva tuvo relación con los vertidos que dañaron la costa, afectaron a la actividad económica y provocaron el cierre de playas en el sureste grancanario.
