Hay profesiones que no entienden de festivos, ni de celebraciones familiares. Profesiones que están disponibles las veinticuatro horas del día para atender a quien más las necesita. Ya sea respondiendo a una emergencia en la que cada minuto cuenta o garantizando el traslado seguro de un paciente a una sesión de diálisis, un tratamiento de rehabilitación o cualquier otro servicio sanitario, detrás de cada ambulancia hay un Técnico en Emergencias Sanitarias desempeñando una labor esencial para la atención sanitaria de la población canaria.
Por eso resulta tan difícil comprender que quienes nos dedicamos en vida a cuidar de los demás hayamos tenido que salir a las calles de todas las islas del archipiélago para reclamar algo tan sencillo como dignidad.
La huelga y las concentraciones que se están viviendo por parte de los profesionales del sector del Transporte Sanitario de Canarias, no nacen de un conflicto puntual ni del vencimiento del III Convenio Colectivo en diciembre de 2024. Son la consecuencia de décadas de precariedad, de salarios desactualizados, de promesas incumplidas y de un sentimiento cada vez más extendido entre los profesionales del sector, de abandono y de falta de reconocimiento por parte de la Administración Pública y de las empresas que gestionan el transporte sanitario.
Quienes nos observan en esta movilización desde fuera podrían pensar que toda gira en torno al dinero. Se equivocan. Esta lucha habla de reconocimiento profesional. Habla de respeto. Habla de valorar a quienes sostenemos un servicio esencial para la ciudadanía canaria.
Porque resulta contradictorio exigirnos una titulación oficial de Técnico en Emergencias Sanitarias para poder ejercer esta digna profesión y, al mismo tiempo, no reconocernos dicha cualificación con unas condiciones laborales y económicas acordes a la responsabilidad que asumimos. Ya tienen que tener algo bastante claro, no existen conductores ni camilleros. Existe una única realidad profesional: la del Técnico en Emergencias Sanitarias, un profesional sanitario formado para intervenir cuando cada segundo cuenta. Dividir esa categoría perjudica al colectivo y debilita una profesión que merece avanzar unida.
Mientras tanto, los salarios continúan muy lejos de reflejar la responsabilidad que asumimos. Apenas existe diferencia entre la retribución de un profesional que lleva décadas prestando servicio y la de quien acaba de incorporarse percibiendo el Salario Mínimo Interprofesional.
La experiencia, la formación y los años dedicados al servicio parecen no tener ningún valor en este sector de esta Comunidad Autónoma.
Muchos profesionales hacen horas extraordinarias de manera habitual. Y otros necesitan buscar un segundo empleo para poder llegar a fin de mes. Paradójicamente, quienes pasan sus jornadas salvando vidas tienen que preocuparse al terminar su turno de cómo sacar adelante la economía de sus propias familias.
A todo ello se suma una realidad que el colectivo conoce demasiado bien: la sobrecarga de trabajo, una nocturnidad escasamente retribuida, dietas que los trabajadores denuncian que no siempre se abonan, dificultades para ejercer derechos laborales tan básicos como disfrutar de determinados permisos y un desgaste físico y emocional que se acumula año tras año.
Y, aun así, seguimos respondiendo cada vez que suena el aviso. Porque esta profesión se elige por vocación. Pero la vocación no puede convertirse en la excusa para justificar la precariedad.
Quizá lo más preocupante no sea únicamente la situación actual. Lo verdaderamente alarmante es escuchar a profesionales con años de experiencia reconocer que se han planteado abandonar el sector. O que, cuando alguien les pregunta si recomendarían esta profesión, respondan que no. No porque hayan dejado de amar su trabajo, sino porque no desean que otros tengan que vivir las mismas dificultades que ellos llevan soportando durante tantos años.
Un servicio esencial no puede sostenerse indefinidamente sobre el sacrificio personal de quienes lo prestan.
El IV Convenio Colectivo representa una oportunidad para corregir una situación que se ha ido agravando durante demasiado tiempo. El colectivo reclama una actualización salarial que permita recuperar el poder adquisitivo perdido tras años de congelación salarial y de unas retribuciones que han quedado completamente desfasadas respecto a la responsabilidad que asumen los profesionales.
Muchos profesionales consideramos que esa actualización debería situarse, en torno al 25%, como un primer paso para empezar a corregir el deterioro económico acumulado durante años y avanzar hacia una equiparación salarial que evite que sigamos a la cola con respecto al resto de las comunidades autónomas.
A ello hay que sumar el malestar generado por la pérdida retributiva que numerosos profesionales hemos sufrido entre el pasado año y el actual. Una situación que muchos consideramos injusta y que que por los errores de unos pocos, eso nos haya terminado repercutiendo económicamente a un gran número de profesionales que simplemente desempeñamos nuestra labor con profesionalidad cada día.
No se trata únicamente de mejorar una nómina. Se trata de recuperar la dignidad de una profesión esencial, de reconocer el valor del Técnico en Emergencias Sanitarias y de garantizar que las futuras generaciones quieran seguir formando parte de un servicio del que depende la salud y, en muchas ocasiones, la vida de la ciudadanía.
Porque ningún sistema de emergencias puede aspirar a ofrecer la mejor atención posible si quienes formamos parte de él sentimos que nuestro esfuerzo vale cada vez menos.
Nadie sueña con tener que llamar a una ambulancia. Pero todos esperamos que, cuando llegue ese momento, quien abra la puerta esté preparado, motivado y pueda vivir con la dignidad que merece una profesión de la que dependen tantas vidas.
Cuidar de quienes cuidan no es un privilegio; es una responsabilidad colectiva.
Tanausú Alemán Gutiérrez Técnico en Emergencias Sanitarias
