La Fiscalía Provincial de Las Palmas ha remitido a los Juzgados de Telde las diligencias de investigación abiertas por los presuntos vertidos contaminantes en la costa del municipio, después de que la empresa Aquanaria SL, titular de la concesión de acuicultura en la zona, presentara una denuncia por los mismos hechos ante los tribunales teldenses. La Fiscalía de Medio Ambiente traslada así el procedimiento al juzgado de instrucción competente, que asumirá a partir de ahora la investigación penal del caso.
Según ha informado la portavoz de la Fiscalía Provincial, las diligencias de investigación se incoaron en octubre de 2025, tras una mortandad de peces detectada por la propia Aquanaria en sus instalaciones, un episodio que obligó al cierre cautelar de 17 playas del litoral del sureste de Gran Canaria.
Las pesquisas practicadas desde entonces por el Ministerio Público han puesto de manifiesto, según el comunicado, numerosas irregularidades en la gestión de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Silva. Esta circunstancia llevó a la Fiscalía a acordar, el pasado 25 de mayo, la toma de muestras en la depuradora y su envío al Instituto de Ciencias Forenses de Canarias, con el fin de elaborar una pericial analítica sobre el impacto medioambiental de los vertidos. El objetivo de este informe es determinar si los vertidos al mar a través del emisario submarino número 222 podrían ser constitutivos de un presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente. Dicha pericial, según ha trasladado la Fiscalía, se encuentra todavía en fase de elaboración.
La presentación de la denuncia por parte de Aquanaria SL ante los Juzgados de Telde por los mismos hechos ha determinado el desenlace procesal del asunto. De conformidad con lo previsto en el artículo 773.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Fiscalía ha acordado el archivo de sus propias diligencias de investigación y su remisión al juzgado de instrucción de guardia de Telde que resulte competente para conocer de la denuncia.
A partir de ahora, será la Fiscalía de Medio Ambiente, ya integrada en el procedimiento judicial, la que continúe impulsando la investigación de los hechos desde el propio juzgado. Según el comunicado, en cuanto esté concluida, la pericial encargada al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses será remitida también al juzgado, y el Ministerio Público prevé proponer la práctica de las diligencias que estime oportunas para determinar si los hechos investigados revisten o no relevancia penal.
Canarias7 (Francisco Javier Fajardo)
