LA ANULACIÓN JUDICIAL DE LA REVISIÓN DEL PLAN INSULAR DE ORDENACIÓN DE GRAN CANARIA, comunicada recientemente por el TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CANARIAS, pone al descubierto el DESPROPOSITO SISTEMÁTICO DE LOS POLÍTICOS QUE HAN GOBERNADO LA CORPORACIÓN INSULAR DURANTE DÉCADAS EN EL LIMBO JURÍDICO INSTITUCIONAL, al declarar el TSJC, LA REVISIÓN APROBADA EN 2022 COMO NULA DE PLENO DERECHO debido a un defecto en su tramitación legal, porque el Cabildo tramitó el plan para adaptarse a la Ley 19/2003 de Directrices de Ordenación, la cual ya estaba derogada por la Ley del Suelo de Canarias de 2017 al momento de su aprobación definitiva.
Dicho despropósito sistemático, en vez de amainar, ha arreciado con descalificaciones y obviedades eximentes auto exculpatorias, de la consejera de Política Territorial Inés Miranda diciendo : “infinito perjuicio”, “la nulidad deja en el aire la ordenación del territorio, afectando a proyectos estratégicos, inversiones públicas y privadas, y al modelo de crecimiento sostenible previsto”…; y del presidente insular Antonio Morales, al afirmar que la sentencia es “injusta, errónea, desproporcionada y superficial”…, y que “una sentencia de ocho folios no puede liquidar un trabajo de años y 35.000 folios”, cuestionando la resolución judicial del TSJC de 20 de abril de 2026.
Cuando la consejera Inés Miranda menciona la dificultad para poder desarrollar la plataforma logística de 189 hectáreas (189.000 m2) por la fragmentación de la propiedad con 47 titulares de los terrenos afectados por la delimitación del futuro Parque Aeroportuario de GANDO, y que el Cabildo debe gestionar la ADQUISICION O EXPROPIACIÓN de una gran superficie de suelo público para las primeras fases de urbanización del parque … Al afirmar que la entidad insular tiene reservados fondos de 2 millones de euros, pone de manifiesto que:
- El Cabildo de Gran Canaria en más de 20 años, no ha realizado compra de suelo efectivo.
- Los 47 propietarios han estado en el limbo jurídico, al sufrir una restricción absoluta del derecho de propiedad durante dos décadas.
- El Cabildo ha estancado durante cuatro lustros la actividad y el desarrollo normal de unas tierras de gran valor agrícola, por la pretensión de transformarlo en terreno en industrial logístico estratégico.
- El paradigma del pelotazo: La Consejera de Política Territorial, Inés Miranda, anuncia que el Cabildo de Gran Canaria DEBE GESTIONAR LA ADQUISICIÓN O EXPROPIACIÓN DE UNA GRAN SUPERFICIE DE SUELO PÚBLICO CON UNOS FONDOS RESERVADOS DE 2 MILLONES € … -y esto no lo dice ella, lo digo yo- :
- Se construye el relato de la fragmentación de la propiedad con 47 titulares de los 189.000 metros cuadrados.
- Se aplica la sugestión psicológica mediante la expropiación por el bien común o general de tierras agrícolas a precio de saldo.
- Tras la hipnosis profunda, el Cabildo hace un cambio de uso in extremis, comprando tierras de alto valor agrícola a precio de saldo de 5 a 10 m2, y las convierten en suelo industrial logístico de más de 300 € m2- …, que es lo que están diciendo los mal llamados inversores, “que lo tienen asegurado con los contactos de la Casa Palacio de Bravo Murillo”.
La corporación insular que actualmente preside Antonio Morales, cuenta con una plantilla que ronda los 2.400 empleados públicos, situándose el volumen total de los Gastos de Personal en el Presupuesto consolidado en torno a los 120 millones de euros anuales dentro de un presupuesto general récord de 1.055 millones de euros para el año 2.026. Y como paradoja, existe un Fondo Social en las partidas presupuestarias destinadas a ayudas sociolaborales del personal, como anticipos, prótesis u óptica, gestionadas internamente bajo criterios de los capítulos de gastos de los trabajadores de 2 millones de euros al AÑO, que casualmente, coincide con la cifra de 2 millones de euros que la consejera Inés Miranda, dice que la entidad insular tiene reservados en TOTAL como fondo para comprar o expropiar todos los terrenos de los 47 propietarios afectados por el Parque Aeroportuario.
Para evitar que el Parque Aeroportuario se detenga otras dos décadas tras la anulación del PIO, el Cabildo de Gran Canaria y el gobierno regional disponen de tres vías principales:
- El Recurso de Casación UE es la opción anunciada por el Cabildo, presentándolo en el Tribunal Supremo. El objetivo: que el Supremo angle la sentencia del TSJC y valide el PIO de 2022. Is El riesgo es que el proceso tarde entre 1 y 2 años, mientras tanto, el proyecto del parque queda en un limbo de inseguridad jurídica para los inversores.
- Proyectos de interés Insular o Regional (Vía Rápida): La Ley del Suelo de Canarias permite tramitar infraestructuras estratégicas de forma independiente al Plan Insular general:
-Declaración de Interés Insular: El Cabildos podría tramitar el Parque Aeroportuario como un proyecto aislado por su importance a estratégica. Esto permitiría aprobado su ordenación y las expropiaciones sin espesar a que se resuelva la nulidad del PIO completo.
- Ejecucion Directa por el Estado (AENA). Dado que el parque esta vinculado al Sistema General Aeroportuario:
Si el bloqueo local persiste, el Estado podría declarar las obras de interés general a través de un Plan Director del Aeropuerto. Esto desplazaria las competencias locales, permitiendo a AENA o al Ministerio de Transportes actuar directamente sobre el suelo, aunque esta via suele ser el ultimo recurso por los conflictos competencia les que genera.
- La Vía 2003 (Retroceso): Si el recurso de casación falla, el Cabildo tendrá que aplicar el Plan de 2003 y realizar una modificación puntual rápida para incluir el Parque Aeroportuario con la legislación actual. Es el Camino más largo administrativamente, pero el más seguros legalmente a largo plazo.
Artículo: Tomás Arencibia Mireles
