El colectivo reclama acceso a expedientes, licencias y estudios ambientales de las infraestructuras de telefonía móvil en este paraje de Cazadores, clasificado como suelo rústico de protección agraria con valor paisajístico.
La Plataforma Ciudadana Salvar Chira-Soria y Barranco de Arguineguín ha dirigido un escrito al Cabildo de Gran Canaria para solicitar información ambiental y acceso a expedientes relacionados con la posible instalación de una nueva antena de telefonía móvil en el paraje de La Morisca, en la zona de Cazadores, término municipal de Telde.
El documento, firmado por Honorio Galindo Rocha, vicepresidente del colectivo, señala que vecinos residentes en la zona han trasladado su preocupación tras recibir informaciones verbales de operarios sobre una eventual nueva infraestructura de telecomunicaciones. La plataforma sitúa el emplazamiento previsto en las coordenadas 27º 56’ 58,67’’ N y 15º 29’ 15,22’’ O.
Según el escrito, el suelo afectado figura como Suelo Rústico, categorizado como SRPAG-3, es decir, suelo rústico de protección agraria ligado al paisaje natural. La plataforma sostiene que este tipo de instalaciones puede alterar valores ambientales, paisajísticos y etnográficos protegidos por la ordenación insular y municipal.
El colectivo pide al Cabildo que aclare si existe solicitud de licencia, autorización ambiental o procedimiento en trámite para la instalación de una nueva antena en la zona. En caso afirmativo, reclama acceso íntegro al expediente, incluidos informes técnicos, sectoriales y resoluciones de compatibilidad con el suelo protegido.
Además, la plataforma solicita que se fiscalice la antena de telefonía móvil ya existente en el paraje, para comprobar si cuenta con todos los títulos administrativos, licencias municipales y autorizaciones insulares necesarias. También pide copia de los estudios de impacto ambiental o paisajístico y de las mediciones de emisiones electromagnéticas y seguridad, con el fin de valorar el impacto acumulado sobre el entorno y la población cercana.
La solicitud se ampara en la normativa de acceso a la información ambiental y transparencia, así como en la legislación canaria de ordenación territorial y protección del suelo rústico.
