La Plataforma por un Mar Limpio solicita al Ayuntamiento de Telde que que inste al gobierno de canarias para que actúe de manera inmediata para iniciar el procedimiento de retirada de las jaulas marinas situadas frente a la costa del municipio, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) haya dictado una sentencia histórica que anula la inadmisión de un recurso municipal en Lanzarote y obliga a la Administración a resolver de fondo y conforme al Plan Regional de Ordenación de la Acuicultura (PROAC).
La resolución judicial, que ordena retrotraer el expediente y exige una motivación completa y ajustada a derecho, marca un precedente directo para Telde, donde el PROAC declara expresamente que la zona comprendida entre Salinetas y Melenara es no apta para la acuicultura y que las jaulas existentes están fuera de ordenación.
La Plataforma subraya que la sentencia del TSJC desmonta la estrategia de la Administración de esquivar el fondo de los asuntos relacionados con la ordenación acuícola y confirma que los ayuntamientos tienen plena legitimación para defender su litoral. El fallo señala que el requerimiento municipal era procedente y que la Administración no podía transformarlo en un simple recurso de reposición para inadmitirlo, obligándola ahora a justificar jurídicamente la ordenación de la ZIA y su compatibilidad con el PROAC. Si en Lanzarote el Tribunal ha obligado a aplicar el PROAC con rigor, en Telde la situación es aún más clara: el propio plan regional declara esta zona como no apta y sitúa las jaulas fuera de ordenación. No hay margen para interpretaciones.
Durante años, las instalaciones acuícolas frente a Telde han generado afecciones a los sebadales, acumulación de fangos anóxicos, episodios de contaminación y conflictos de uso con bañistas, pescadores y usuarios del litoral. Mantener estas estructuras en un espacio declarado incompatible con la acuicultura supone un perjuicio ambiental, social y económico que la ciudadanía de Telde no debe seguir soportando. La Plataforma exige al Ayuntamiento que ejerza su responsabilidad institucional, requiera al Gobierno de Canarias el cumplimiento estricto del PROAC y comunique públicamente qué pasos piensa dar para garantizar un litoral limpio, seguro y en recuperación.
Telde merece un mar vivo y protegido. La sentencia del TSJC demuestra que la ley está de parte de quienes defendemos el litoral. No pedimos nada extraordinario: pedimos que se cumpla el PROAC y que se actúe en consecuencia. El mar es de todos. Su defensa también.
