La Inspección de Trabajo de Las Palmas ha dado la razón al sindicato CSIF en la denuncia emitida el 20 de octubre ante el Ayuntamiento por los incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales. La administración ha emitido un requerimiento de obligado cumplimiento en un plazo de dos meses, instando a que subsane las deficiencias detectadas.
Esto se debe a la detección de un riesgo elevado y muy elevado a los factores de demandas psicológicas y supervisión en interés por el trabajador, así como los factores de autonomía, carga de trabajo, desarrollo del rol y relaciones y apoyo social. Reclama la implantación de programas formativos, establecer un organigrama estructural o analizar las causas de que los tiempos de ejecución sean escasos.
La Provincia-Dlp
