Día: 15 de noviembre de 2020

Una familia residente en la calle de Ebro, en Caserones Altos, fue desalojada esta semana por orden del Juzgado de Primera Instancia número 4 de Telde de la vivienda de VPO que ocupaba y desde entonces permanece en la vía pública con sus enseres. El desahucio se llevó a efecto después de habérsele concedido una nueva prórroga de un mes por impago del alquiler del piso que le fue entregado en abril de 2015 y por el que acumula una deuda de más de 15.000 euros.

La afectada Itahisa Pérez Tavío, de 35 años y con tres hijos, ya sufrió otro desahucio cuando vivía en El Caracol. Entonces, plataformas anti desahucios, asociaciones y administraciones públicas hicieron un frente común y lograron que pudiera trasladarse en 2015 a la vivienda que cinco años después ha tenido que abandonar, esta vez, sin colectivos que protestaran la decisión, acompañada por un grupo de familiares y amigos. Ha solicitado ayuda, sin éxito, a Servicios Sociales y a la Consejería de Vivienda del Gobierno de Canarias, a la que pertenece la empresa pública Vivienda Sociales de Canarias, propietaria del inmueble que ocupaba en Caserones Altos.

Desde noviembre de 2015, Pérez debía abonar 366 euros al mes. Pero durante este tiempo afirma que no ha conseguido encontrar trabajo y se le agotó la prestación por desempleo. Tan solo ha podido acceder a Programa de Formación en Alternancia con el Empleo para aprender a trabajar en la construcción, pero que no era apta por sus «problemas personales». Sin sus hijos en su vivienda, al no poder mantenerlos, Pérez explica que acudía a Cáritas, instituciones públicas o familiares.

El abogado de la familia intentó parar el desahucio mediante la presentación de un escrito en el Juzgado de Primera Instancia número 4 al entender que de llevarse a cabo se vulnera el Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo, que amplía hasta el 31 de enero de 2021 el plazo de suspensión de los procedimientos de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional.  Sin embargo, el Juzgado desestimó estas alegaciones y le dio la razón a Visocan.

Otro amanecer, y de nuevo la sangre volvió a ocultarse entre los pliegues de las sábanas. Otro día más en el que volvía a derramarse sobre su alma prisionera en un cuerpo equivocado el dolor de la incomprensión y del escarnio.

Él, en postura fetal y con las piernas juntas, dolorosamente juntas, se sentía incapaz de retirar la sábana que lo cubría, porque, retirarla, suponía volver, una vez más, a afrontar su propia tragedia, su horrible tragedia, sin que apenas le quedaran fuerzas para hacerlo. El drama escrito con las gotas de sangre que, de nuevo, se escapaban de aquel cuerpo con el que no se sentía identificado, que no lo sentía suyo.

El drama de su agónica disforia, el de la incomprensión de sus padres y de sus hermanos. El drama del escarnio de sus compañeros de instituto. El drama de la soledad de quien no se atreve expresar y compartir sus sentimientos por miedo a la burla y al rechazo.

La tragedia representada en aquel uniforme, en aquella falda, que asomaba por la puerta entreabierta de su armario. Aquel uniforme de colegiala, transformado en el yugo que lo uncía a la confusión producida por la discordancia entre el género que él experimentaba -con el que se identificaba- y el sexo que la caprichosa naturaleza le había impuesto.

La discordancia entre el sexo, como condición biológica y genética, y el género socialmente construido, artificialmente diseñado, espantosamente impuesto.

Cerró los ojos y se llevó a la boca su mano temblorosa. Solo fue necesario un instante, unas décimas de segundo, después el grito de terror de su madre y la sirena de una ambulancia que recorría las calles de su ciudad contando la historia que él, por miedo, nunca se atrevió a contar. Atrás quedaron para siempre las sabanas manchadas de sangre y la falda de colegiala. Atrás quedó para siempre aquel cuerpo que no era suyo, que lo aprisionaba, que le había secuestrado la libertad que dignifica al ser humano

Atrás quedó para siempre una sociedad que no fue capaz de comprender que el ser humano está muy por encima del sexo como condicionante biológico y de los roles sociales artificiosamente impuestos, que merman la libertad y la dignidad del ser humano.

Porque, a pesar de que en octubre se cumplió el 29 aniversario del asesinato de Sonia Rescalvo Zafra, considerada la primera mujer en España asesinada por ser transexual, nada, o muy poco, ha cambiado en un sector importante de nuestra sociedad, esclavizada por los modelos farisaicos, radicales y anacrónicos de una moral envilecedora y puritana.

Nada, o muy poco, ha cambiado entre nosotros, aunque la OMS, a través de la CIE 11 – Clasificación Internacional de las Enfermedades- haya despatologizado la transexualidad para referirse a ella como ´discordancia de género´.

Así es, nada, o muy poco, ha cambiado entre nosotros, incluso sabiendo que la biblia de los psiquiatras y psicólogos, el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5), de la Asociación Americana de Psiquiatría (APA), ha dejado de considerar a la transexualidad como un trastorno psicológico por sí mismo, tratándolo como ´disforia de género´, caracterizada por una identificación potente y persistente con el otro sexo asociada con la ansiedad, la depresión y la irritabilidad.

Nada, o muy poco ha cambiado entre nosotros desde el asesinato de Sonia Rescalvo Zafra, porque, en contra de lo opina la comunidad científica, seguimos empeñados en etiquetar como enfermos o inmorales a todas las personas que elijan cualquier opción sexual que se aparte de la heterosexualidad.

José Juan Sosa Rodríguez es psicólogo

Durante muchísimos años hemos sido testigos de las reivindicaciones encabezadas por Turcón, a cerca de la necesidad de protección del ingenio azucarero de Los Picachos. Décadas durante las cuales el actual concejal de Medio Ambiente y Parques y Jardines, Álvaro Monzón, se parapetó detrás de la pancarta que encabezaba el citado colectivo ecologista al que el mismo pertenecía y gracias al cual se dio a conocer tanto para saltar a la vida pública, como para ostentar cargos de asesor políticos en algunos Ayuntamientos.

Estos días Turcón ha vuelto a pedir al Ayuntamiento de Telde que actúe para proteger la torre medio caída que aún pervive de Los Picachos y ha hecho las siguientes preguntas:

a.- ¿Que ha hecho el organismo municipal a instancias de actuar en el yacimiento de los Picachos y como le obliga la Ley de Patrimonio Cultural de Canarias?

b.- No cree la administración municipal que ya ha tenido más que tiempo suficiente para implicarse a la vista del informe redactado por el Cabildo y donde se recoge la necesidad de “actuar de urgencia” debido al estado lamentable y preocupante de deterioro evidente y ante la posibilidad de la única pilastra existente, se desplome.

Ante estas más que evidentes acusaciones de inacción por parte del colectivo ecologista a Grupo de Gobierno del Ayuntamiento de Telde, el ecologista Monzón, con mando en plaza, no ha dicho esta boca es mía, aunque fuera por todos los años que se ha colocado detrás de la pancarta para hacerse la foto de turno y el consabido postureo.

Ni mú ha dicho Álvaro Monzón, al observar la desidia municipal de no actuar como exige el Cabildo de Gran Canaria y Turcón reivindica, ya le importa poco lo que ocurra, ni tan siquiera acude ya a mantener la pancarta, es algo triste pero real y a los políticos que llegan al poder vendiendo mentiras hay que quitarles la máscara.

Hoy que podría hacer mucho porque las cosas cambiaran en Los Picachos ya que forma parte del Grupo de Gobierno, se hace el longuis y ni está ni se le espera.

Que razón tenía mi abuelo cuando decía aquello de… “Si quieres saber quien es fulanillo, dale un carguillo”.

Teldealdía.com

La defensa del vecino de Telde que está siendo investigado como autor del incendio forestal de Artenara en agosto de 2019, ha solicitado más diligencias de investigación que el juez denegó en primera instancia al entender que ya transcurrió el plazo máximo previsto de instrucción. Por este motivo, el abogado Miguel Ángel Pérez Diepa presentó un recurso de reforma que está pendiente de resolución amparándose en que la nueva redacción de la Ley de Enjuiciamiento Criminal -que refiere a todos los procedimientos en tramitación- sí le habilita la práctica de diligencias al haberse solicitado dentro de los 12 meses desde la incoación de la causa.

Este recurso de reforma aún no ha sido resuelto por el magistrado Andoni Arano Sastre, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Arucas, encargado de la investigación de una catástrofe que calcinó 1.500 hectáreas durante 15 días de trabajos de extinción.

El letrado Pérez Diepa argumenta que la autoridad judicial tiene que admitirle una serie de pruebas que considera fundamentales para ejercer el legítimo derecho de defensa del investigado. Entre las mismas, detalla esta parte que del contenido de las declaraciones testificales realizadas por los testigos del inicio del incendio, hay un «elemento común en todas ellas», y es que los servicios de emergencia desplazados al lugar «mantuvieron una actitud de pasividad y retardo en actuar que conllevó a la propagación del incendio», que de otra forma, pudo «haber sido sofocado» ya que «en principio lo que ardía era una superficie de terreno muy pequeña», detalla. Además, incide en que la llegada del helicóptero a la zona «hizo que se levantara viento» y con ello «contribuyó de forma efectiva a la propagación» de las llamas.

De igual modo, la defensa considera que los bomberos que se desplazaron a la zona cercana al a la altura del cruce de Las Peñas «no utilizaron nada para tratar de extinguir el incendio en sus momentos iniciales» , dándose la circunstancia de que en el lugar «existe un estanque con miles de litros de agua» que pudieron utilizar.

En el escrito remitido al juzgado por la defensa de investigado se incide en que los servicios de emergencia «mantuvieron una actitud pasiva», mientras que el autor de las llamas «y los vecinos intentaban extinguir el incendio».

También hace referencia a la situación de indefensión que le crea el resumen de las actuaciones, parte de control y de medios emitido por el Cecopin, en el que figuran «comentarios o anotaciones de las comunicaciones realizadas entre los servicios de emergencia» que, según esta parte, «no están en orden cronológico y se superponen, sin saberse exactamente los días concretos a los que se refiere».

Destaca el letrado que, a pesar de la situación de prealerta de riesgo de incendio forestal que había, las cubas de agua Nodriza «no estaban localizadas» y no actuaron «hasta varias horas más tarde del inicio del incendio».

«Los momentos iniciales son cruciales para poder atajar el incendio en sus inicios y entendemos que en este caso no se actuó con la debida rapidez», determina esta parte, que añade que el propio Federico Grillo -coordinador de Emergencias del Cabildo- el día de los hechos puso de manifiesto a los medios «que el incendio estaba controlado al 85% la misma noche, pero que un problema de seguridad hizo que se reactivara el mismo», constatando «la existencia de distintos focos «que no se aclara cual es el origen» ni la consecuencia de qué incendio, si el de Artenara o el producido en Valleseco.

El incendio forestal declarado el 10 de agosto en Artenara, quemó 1.500 hectáreas y obligó a evacuar a 1.000 vecinos de Artenara, Tejeda y Gáldar.

Canarias7

El desahucio de la familia de Itahisa Pérez de una vivienda de Protección oficial de Telde (VISOCAN) en pleno estado de alarma es además de injusto, un desahucio prohibido y en consecuencia quiénes lo hayan aupado podrían haber incurrido en un delito de prevaricación ya que como pueden escuchar en el video a la ministra el Gobierno ha ampliado hasta el 31 de enero de 2021 la prohibición de desahucios y las subidas abusivas en el alquiler de vivienda para mantener el escudo social frente a la pandemia de coronavirus.

https://www.rtve.es/…/gobierno-amplia…/2043204.shtml

Como informábamos ayer, solo el PSOE de Telde con los concejales Soledad Hernández y Tino Déniz estuvieron al lado de Itahisa durante el desahucio y ya han solicitado reubicar a la madre de Telde en una vivienda de «protección oficial» y renegociar un alquiler social asumible con VISOCAN ya que es otra incongruencia que el alquiler de una vivienda social sea de 360 euros mensuales, por encima de la renta libre en el mercado de alquiler.

https://www.canarias7.es/…/solo-el-que-pueda-seguira…

Itahisa Pérez se ha convertido en una víctima de un sistema judicial y político injusto y corrupto, con la colaboración necesaria del Gobierno de Canarias y de la concejalía de Vivienda de Telde, cuya responsable es Carmen Hernández Jorge, (NC).

Por cierto: ¿Dónde están el resto de los grupos políticos de la oposición municipal de Telde (también cobran suculentos sueldos de los contribuyentes) para defender de este desahucio prohibido a una vecina de Telde?.

Manuel Ramón Santana