La defensa de Vladimir Kokorev, el empresario hispano-ruso acusado de blanquear supuestamente veinte millones de euros que tendrían origen inicialmente en actividades comerciales sospechosas con Guinea Ecuatorial, ha puesto en los tribunales pruebas de nuevas manipulaciones producidas en la instrucción que se sigue en el Juzgado nº5 de Las Palmas.
A través de un amplísimo informe presentado por un perito independiente de reconocido prestigio nacional, se ha ponderado el tratamiento que la UDYCO canaria dio a los soportes informáticos intervenidos a este empresario, hoy jubilado y enfermo grave del corazón, que mantiene la prohibición cautelar de salir de la isla de Gran Canaria tras pasar casi 30 meses en prisión preventiva y al que se le acaban de colocar cuatro ‘bypass’
En concreto, ante la jueza Ana Isabel de Vega y el fiscal Luis del Río Montesdeoca se prueba que no se han respetado “las buenas prácticas en la cadena de custodia, conservación y extracción de dicha prueba”, lo que sitúa hoy la investigación en punto muerto y abre la posibilidad de una invalidación parcial o total de los medios usados contra Kokorev, aun pendiente de auto de procesamiento tras casi una década de indagaciones sin resultado cierto.
Las conclusiones del informe pericial al que ha accedido ‘Onda Guanche’ establecen que “los dispositivos electrónicos intervenidos en la causa no han estado sujetos a ninguna cadena de custodia, ni han sido preservados de la manera adecuada para respetar el Derecho a la Defensa (…), y lo que es más grave, aparecen indicios de alteraciones del contenido en los discos duros compatibles con una modificación de los mismos en fecha posterior a su incautación”. En conclusión, no es posible acreditar, sobre el material incautado a Kokorev, su estado anterior a la intervención “precisamente por la ausencia de cadena de custodia”.
LA UDYCO ADMITE QUE INVESTIGÓ “SIN GARANTÍAS DE CUSTODIA”
El documento certifica que la forma de proceder, en relación a los archivos informáticos que supuestamente incluirían -según la UDYCO canaria- información incriminatoria contra el empresario afincado durante décadas en las islas, ha sido la misma que se llevó a cabo en relación a un dispositivo clave: el USB aportado por el ‘testigo estrella’, Ismael Gerli. En aquel caso, incluso la propia unidad policial encargada de la lucha contra el crimen organizado asumió recientemente, en oficio de 24 de abril de 2018, que “nunca se llevó a cabo el protocolo para el estudio del dispositivo toda vez que el mismo no había sido obtenido con las garantías de custodia que se exigen para poder usarlo como prueba en un sumario”. En definitiva, “en cuanto a cadena de custodia, la misma suerte han corrido todos los dispositivos electrónicos intervenidos en la causa (…) ninguno de ellos ha estado sometido a los protocolos mínimos exigibles para preservar su integridad”.
La pericia, en poder desde hace días del instrucción nº5 de Las Palmas, concluye que para investigar al empresario hispano-ruso (que durante años obtuvo contratos de Teodoro Obiang en el sector naviero y de bienes de equipo) “no se ha observado en ningún momento el seguimiento de lo que son metodologías de referencia en informática forense”, a pesar de que “la utilización de buenas prácticas sí estaba al alcance de la policía”.
Sobre la instrucción, que corre el riesgo de embarrancar cuando encarrila supuestamente su tramo definitivo, se ha probado que no se generaron “clonados exactos de los originales intervenidos”, ni se verificaron los mismos mediante firma hash para garantizar que “las copias son idénticas al original”, ni metodológicamente se trabajó de acuerdo a la “lex artis” o código de buenas prácticas, que habría permitido “gestionar adecuadamente la cadena de custodia” para facilitar “a las partes presentar sus planteamientos, y al tribunal competente valorarlos desde el principio de la sana critica en condiciones de igualdad”.
La valoración final sobre la que deben pronunciarse la jueza de Vega y el fiscal Del Río señala que no se puede saber “por qué no fue utilizada la metodología adecuada para mantener la cadena de custodia o seguir las mínimas medidas para asegurar la no alteración de los medios, cuando éstos estaban al alcance de la fuerza actuante”.
En los últimos días, y a la vista de la gravedad extrema de las coordenadas en las que se está moviendo el proceso, el abogado experto en Derechos Humanos, Scott Crosby ha anunciado que estudia el caso con la intención de plantear medidas, antes del juicio (en caso de que lo hubiere) ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El TEDH ha condenado en numerosas ocasiones a España por “dilaciones indebidas” en los procedimientos y vulneración de garantías, en casos similares al que hoy está en manos de la justicia canaria.
Redacción Onda Guanche
