Los padres de alumnos del instituto José Arencibia Gil reclaman al Gobierno regional que «active ya» el protocolo sanitario en el centro ante lo que consideran un grave problema de salud pública que afecta a sus hijos. Desde el Ejecutivo autonómico se indica de forma escueta que las consejería de Educación y Sanidad están aplicando los protocolos pertinentes y realizando reuniones de coordinación.
Una actuación que se prevé iniciar una semana después de que la publicación de incidente de la prueba de glucemia realizada por 23 alumnos con la misma aguja sembró el temor y la indignación de los padres. La falta de información oficial sobre lo sucedido, que genera dudas y aumenta los rumores sobre su gravedad, es una de las quejas más habituales expresadas por las familias, que reclaman más celeridad y claridad a la administración autonómica.
Aunque está por decidir qué departamento regional -Educación o Sanidad- se encargará de investigar este suceso, que saltó a medios nacionales después de la publicación por este periódico de lo ocurrido el pasado 14 de noviembre en unas jornadas con motivo del Día Mundial de la Diabetes, la demanda de los progenitores de los menores, de edades comprendidas entre los 14 y 16 años, parece que finalmente se atenderá, aunque no las tienen todas consigo a tenor de lo expresado a este medio.
Algunos han comentado que «parece una pelea para ver quién paga esto, como si no fuera más importante la salud de los niños que quien se hace cargo del gasto para solucionar este problema, que nos tiene sin dormir. Esto es una pesadilla». De hecho, tanto Sanidad como Educación derivaban la solicitud de información solicitada por este rotativo sobre los pasos a seguir y las medidas que se iban a adoptar al otro departamento, en un ejercicio de derivación de competencias que llegó a exasperar a los padres y madres de alumnos que se interesaban por la salud de sus hijos. Éstos no entendían a qué viene tanta indecisión, «acaso cuando viene una patera no se activa un protocolo sanitario por si hay personas enfermas y aquí, con 22 niños afectados todavía se lo están pensando». No obstante, desde Sanidad se remitió el viernes un escueto comunicado en el que se afirmaba: «Tanto la Consejería de Sanidad, a través de la Dirección General de Salud Publica, como la Consejería de Educación están aplicando y controlando los protocolos pertinentes y se están realizando las reuniones de coordinación oportunas».
La preocupación de las familias va más allá, como explicaba una madre, de «pedir la cabeza de los responsables, que cuando todo se acabe de investigar se verá a quién o quiénes tienen la culpa de estos hechos, lo que queremos es tener la seguridad de que a nuestros hijos se les realizará todas las pruebas que sean necesarias para descartar cualquier problema de salud». Unas pruebas que, según fuentes consultadas por este periódico, pueden durar un año, con un seguimiento trimestral para comprobar que no hay infecciones por VIH o hepatitis C, sobre todo.
Precisamente la realización de estas pruebas supuso un nuevo escollo para los padres, ya que se les negaba la expedición de un informe para el médico de cabecera, según otras fuentes, aunque al final cedieron desde el centro.
La Provincia-Dlp
