martes, 15 junio, 2021

desde 1990

“La renta básica como necesidad”

Comparte esto:

La política social y laboral, en el área de influencia del neoliberalismo, se mueve en sentido contrario: hay que limitar el alcance y la amplitud de los servicios públicos básicos aunque aumente la precariedad socioeconómica; hay que subordinar el empleo a las conveniencias de los agentes empresariales y no a las necesidades de quienes precisan trabajar por cuenta ajena; hay que vincular el salario a la productividad y no a evitar la pobreza. De este modo, en España los recortes en los servicios sociales son mayúsculos; el desempleo, enorme; los ingresos salariales, claramente insuficientes e inciertos; y el número de personas, que careciendo de recursos propios y de empleo digno, reciben ayudas económicas de subsistencia, minúsculo.

Aunque en la Constitución Democrática vigente se plantea la condición de Estado Social como básica y se plantea el cumplimiento de los Derechos Humanos como objetivo fundamental en las actuaciones de las Administraciones Públicas.  Específicamente, en las cuestiones de empleo determina que “Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica. De manera especial realizarán una política orientada al pleno empleo.” (Artículo 40. 1.). Y, para evitar el empobrecimiento, ordena que “Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo (…).” (Artículo 41).

Nadie, con valores democráticos y ética solidaria, negaría la justicia y conveniencia de que, ante la falta de empleo decente, cualquier ciudadano o ciudadana debería recibir ayudas y subsidios suficientes para no tener que afrontar los rigores de la pérdida de sus condiciones dignas de vida. No obstante, según ha declarado, recientemente, la Asociación Progresista de Inspectores de Trabajo, las prioridades que determinan sus quehaceres, desde la actual dirección del Ministerio, son las de investigar y perseguir el posible fraude entre las personas desempleadas que perciben alguna prestación –con resultados nimios- en vez de atacar la gran bolsa de fraude empresarial en los contratos a tiempo parcial.

La Renta Básica se plantea, por parte de sus promotores, como “un ingreso pagado por el estado” que tiene como una de sus finalidades, erradicar la precariedad económica entre la población, pues, en casi todas sus versiones, este ingreso estaría por encima de lo que se requiere para eludir la pobreza relativa. Pretende combatir así, vía aporte monetario, las lacras de la insuficiencia de recursos económicos entre la población.  Pero va mucho más allá de esto, pues está planteada como una medida universal, “como derecho de ciudadanía”, y sin ninguna obligación que condicione su percepción. En palabras de uno de sus activistas, Ramiro Pinto, “la renta básica sería a la economía lo que el voto es a la democracia.”. A la democracia representativa y delegada, claro.

La financiación de esta medida de aporte monetario resulta muy complicada. Sobre todo, porque se pretende que alcance a toda la población y ajena a cualquier contraprestación. Además, el concebir como derecho el acceder a los bienes económicos sociales, sin que importe si se tiene necesidad real de ellos y sin que se participe en la generación de los mismos ¿es algo progresista y solidario?

(*) Xavier Aparici Gisbert, filósofo y emprendedor social http://bienvenidosapantopia.blogspot.com

Florentino López Castro

Florentino López Castro

Deja un comentario